Lunes 25 de Agosto de 2025, 08:08
La crisis provocada por las vacantes en la Justicia Federal parece no tener fin y definitivamente no está en la agenda política nacional, al menos por ahora. Esta situación, que en Tucumán tiene foco en casi todas las instancias procesales a excepción de la Cámara de Apelaciones, se agrava con el paso del tiempo.
El último ejemplo es lo que sucederá cuando termine, esta semana, el juicio que se lleva adelante contra ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán por el destino que se les dio a los fondos provenientes de YMAD. Una vez que culmine el debate con el dictado de la sentencia, el vocal Enrique Lilljedahl, del Tribunal Oral Federal de Catamarca, dejará de subrogar el TOF de Tucumán luego de que se venciera el plazo de dos años que cada magistrado tiene para cubrir vacantes temporales. Es más, a Lilljedahl ya se le había cumplido ese plazo, pero siguió adelante con el juicio de la UNT ya que el mismo comenzó hace 16 meses, cuando su subrogancia estaba en vigencia.
Actualmente el TOF de Tucumán está compuesto por Jorge Basbús y Ana Carina Farías, ambos de Santiago del Estero, y por Cristina Edith Giordano, de Córdoba. Ella fue la última que se sumó justamente tras la salida de Lilljedahl pero, al igual que sus colegas, además de intervenir en las causas de Tucumán debe hacerlo en las de su propia jurisdicción, lo que se suma a la distancia física entre Córdoba y Tucumán.
La situación se agravará en los próximos meses ya que vence la subrogancia de Basbús, por lo que debería ser reemplazado. Y según la agenda del TOF se vienen algunos juicios de muchos meses, como el proceso se juzgará la posible responsabilidad penal de los empresarios Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, acusados de haber facilitado y participado en delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores y pobladores de las ex colonias del Ingenio La Fronterita, en la ciudad de Famaillá. Si Basbús comienza ese juicio, ya no se hará cargo de otros. Si no, habrá que llamar a otro juez subrogante igualmente ya que el vocal debe ser reemplazado para el resto de las audiencias.
Mientras tanto, la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal N° 3 avanza con la posibilidad de que sea inaugurado en pocos meses. Aún debe ser habilitado un edificio ubicado en calle 9 de Julio al 100, pero allí es donde se trasladaría la dependencia con su titular, el juez federal José Manuel Díaz Vélez, que actualmente subroga el Juzgado Federal N° 2. El 1 es subrogado a su vez por el juez de Catamarca Guillermo Díaz Martínez, quien además es juez electoral.
Con lo que aún no se sabe qué pasará es con la fiscalía federal N° 3, cuyo titular, Agustín Chit, se encuentra actualmente subrogando la fiscalía 2 (la fiscalía general ante la Cámara Federal de Apelaciones y la fiscalía 1 están siendo subrogadas por el también catamarqueño Rafael Alberto Vehils Ruiz). Es que mientras la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal N ° 3 depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la fiscalía debe esperar lo que decida el procurador general, el también interino, desde diciembre de 2017, Eduardo Casal. Lo lógico sería que ambas instancias comiencen a trabajar juntas (incluso en el mismo edificio elegido habría espacio para ello), pero aún no hubo ninguna comunicación oficial al respecto.
A todo esto, la fiscalía ante el TOF de Tucumán está vacante desde mayo de 2015 cuando quien era titular, Diego Velasco, hoy al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), renunció a su cargo para ser trasladado a Comodoro Py. Así, quien asumió como subrogante fue Pablo Camuña, quien desde diciembre de 2014 era titular de la fiscalía federal N° 2. Camuña permanece en el cargo actualmente.
En el Consejo de la Magistratura están los concursos para cubrir los cargos para el Juzgado Federal N ° 1 (con Carlos Ezequiel Onetto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Casella en una primera terna) y del Juzgado Federal N ° 2 (con un orden de mérito compuesto por Pablo Roberto Toledo, Martín Eugenio Abdala y Andrés Agustín Da Rold), pero hasta el momento el Ejecutivo no eligió ningún nombre para mandar al Senado. En el caso del fiscal ante el TOF, hay 47 abogados y abogadas inscriptos para concursar por ese cargo.
Según el informe que dio el jefe de Gabinete Guillermo Francos en el Senado hace un mes, entre la Justicia nacional de Capital, los juzgados federales del interior del país y el fuero federal hay 1.056 cargos, de los cuales 330 todavía no fueron cubiertos. /La Gaceta