Miércoles 27 de Agosto de 2025, 10:28

Luego de la filtración de los audios que dejarían en evidencia el cobro de coimas, el Gobierno Nacional habría decidido traspasar la Agencia Nacional de Discapacidad a la órbita del Ministerio de Salud.
El Gobierno nacional analiza trasladar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud, en el marco de la investigación por presuntos pedidos de sobornos que involucran a su ex titular, Diego Spagnuolo, y a la droguería Suizo Argentina. La medida, según fuentes oficiales, busca "mayor transparencia" y no requeriría nueva legislación, dado que actualmente el organismo funciona como ente descentralizado.
La decisión se da mientras avanza una auditoría interna sobre contratos considerados "llamativos" y con la advertencia de que podrían surgir "contratos extraños" que serían revisados "al hueso". Desde la Casa Rosada remarcan que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "no tienen nada que ver" en la causa y que por eso "no deben hablar del tema".En paralelo, la investigación judicial avanza con la pericia a los teléfonos celulares secuestrados. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) logró extraer información del dispositivo de Spagnuolo pese a que el ex funcionario se negó a brindar la clave de acceso cuando le fue incautado en su vivienda de Pilar.
También se revisarán los teléfonos de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de Suizo Argentina, y de Daniel Garbellini, ex funcionario de ANDIS, quien sí entregó su contraseña.
Las pericias apuntan a determinar la autenticidad de los audios en los que se escucharía a Spagnuolo hablar de supuestos sobornos. En esos registros se lo vincula con la droguería como presunto canal de pedidos ilegales hacia laboratorios. En Comodoro Py, además, se espera la citación de Eduardo Kovalivkrer, padre de los empresarios y accionista de la firma, aunque ya retirado de la actividad.
Mientras tanto, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de resolver la situación procesal de Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber alertado a uno de los investigados sobre un operativo policial. El imputado negó esa acusación en su indagatoria.
Desde el Ejecutivo aseguran que "la Justicia actúa con una rapidez llamativa" y aguardan encuestas de opinión que medirán el impacto del escándalo en la opinión pública. En la Casa Rosada destacan, además, que Spagnuolo "no puede ser arrepentido porque no tenía nadie más arriba".
/Voxpopuli
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