Apoyo unánime en la Legislatura a la ley que impulsó Jaldo para el uso de energías renovables
Lunes 01 de Septiembre de 2025, 08:20
AMPLIA MAYORIA. El anteproyecto del Poder Ejecutivo logró fuerte consenso en el Parlamento, sumando votos favorables de varios opositores.La Legislatura de Tucumán aprobó por unanimidad una ley propuesta por el gobierno de Osvaldo Jaldo, que establece un régimen de promoción y fomento de energías renovables, orientado a empresas, usuarios generadores y grandes consumidores eléctricos de la provincia.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldada con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, busca diversificar la matriz energética provincial y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
El dictamen elaborado por la comisión de Energía y Comunicaciones, presidida por Alberto Olea, declara de interés provincial el desarrollo de fuentes limpias como la solar, eólica, biomasa y biogás.
La ley contempla distintos niveles de participación:
- Usuarios domiciliarios, que podrán instalar equipos para autoconsumo y vender excedentes a la red.
- “Prosumidores”, que generan y consumen energía, con opción de inyectar el excedente.
- Grandes emprendimientos, habilitados para comercializar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.
- Grandes usuarios de red, obligados a cubrir al menos 20% de su demanda con fuentes renovables.
Además, la norma faculta a las distribuidoras eléctricas a financiar la instalación de equipos domiciliarios, con reintegro a través de la factura, lo que abre una vía de accesibilidad para hogares y pequeños productores.
Olea remarcó que el proyecto apunta a resolver el déficit de energía eléctrica en la provincia, donde la generación depende casi exclusivamente del gas. “Las energías renovables fortalecen la seguridad energética, reducen la dependencia de combustibles fósiles y garantizan acceso en zonas rurales o aisladas”, explicó.
La ley invita a los municipios de la provincia a adherirse al régimen y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 120 días desde su promulgación para dictar la reglamentación correspondiente.
Más leídas hoy
Más leídas en la semana
