Lunes 01 de Septiembre de 2025, 14:26

Vecinos y abogados presentaron una queja formal contra la Fiscalía por no avanzar en la investigación sobre la contaminación con PCB en Los Pocitos.
Los abogados Patricio Char y Franco Venditti, en representación de las víctimas de la contaminación con PCB en Los Pocitos, interpusieron una queja formal contra la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo de Daniel Sosa Piñeiro -ex interventor del IPLA-, por lo que califican como "absoluta inacción" frente a la denuncia presentada los días 12 y 13 de agosto de 2025 contra EDET y Transnoa.
Han pasado más de diez días hábiles desde la presentación de la denuncia sin que se haya asignado número de legajo, informado el estado del proceso o dispuesto ninguna medida de investigación.
Derechos vulnerados y riesgo de impunidad
En la presentación, los abogados sostienen que el Ministerio Público está incumpliendo con el artículo 151 del Código Procesal Penal de Tucumán, que obliga a los fiscales a promover la investigación preliminar cuando toman conocimiento de un delito de acción pública.
También denuncian:No se informa a las víctimas sobre el estado del proceso.
No se han preservado pruebas clave, como transformadores con posible presencia de PCB.
Se viola el plazo de diez días para adoptar una decisión inicial: investigar, archivar o aplicar criterios de oportunidad.
"La falta de investigación inmediata no es neutra: permite que los responsables modifiquen o hagan desaparecer pruebas materiales", advirtieron los letrados, quienes calificaron la situación como
"inadmisible y cercana a la complicidad".
Pedido de intervención judicial
En su petitorio, los abogados solicitan que se ordene a la Fiscalía:
Abrir el legajo y promover la investigación preliminar.
Informar a las víctimas y otorgarles el rol de querellantes particulares.
Preservar de inmediato los lugares donde existen transformadores con posible contaminación por PCB.
Rendir cuentas sobre los motivos del retraso, bajo apercibimiento de elevar el incumplimiento a las autoridades superiores.
Una Justicia que sigue sin dar respuestas
Para los vecinos y representantes legales, la inacción fiscal no solo vulnera el derecho a un ambiente sano, sino también derechos básicos de acceso a la justicia y reparación.
"La sociedad financia con sus impuestos a un Ministerio Público que no da respuestas, no investiga y se niega a atender a las víctimas", remarcaron.
Mientras tanto, la contaminación con PCB -una sustancia prohibida y altamente peligrosa- sigue siendo una bomba ambiental en Los Pocitos que la Justicia tucumana, hasta ahora, parece no querer desactivar. /
Enteratenoticias
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