Recuperan terrenos para la Policía y una escuela pero hay polémica por un oratorio comunitario
Viernes 05 de Septiembre de 2025, 05:37
POLEMICA. Vecinos de Alfredo Guzmán y La Madrid se quejan porque aportaron dinero para la construcción de un oratorio que ahora corre el riesgo de ser derribado.El primer predio, situado en la intersección de avenida Alfredo Guzmán y La Madrid, será destinado a un control vehicular y futura sede policial. El segundo, en Pringles al 500 (Yerba Buena), también se proyecta para una dependencia policial tras detectarse que vecinos lo utilizaban de manera irregular como estacionamiento privado. Finalmente, el tercero, en José Ingenieros y avenida Sáenz Peña, quedó en poder del Ministerio de Educación, luego de comprobarse que pertenecía a la ENET Nº 2 y había sido ocupado por un taller.
En el caso del terreno escolar, vecinos relataron que el espacio fue utilizado durante años como taller clandestino, incluso con la presunta participación de estudiantes. La recuperación se demoró porque los ocupantes solicitaron tiempo para desarmar la estructura, aunque al ingresar las autoridades hallaron intentos de remover las vías del lugar.
El predio de Yerba Buena había generado polémica en abril pasado, cuando se constató que algunos vecinos lo habían cerrado con un portón automático para extender sus propiedades. Aunque fue recuperado, denuncias posteriores confirmaron que seguía siendo usado para guardar vehículos, lo que motivó nuevas intimaciones y el anuncio de nuevas medidas de cierre perimetral.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, aseguró que la decisión responde a un plan integral: “lo primero que se hará es un control vehicular en la avenida Alfredo Guzmán, que es una zona complicada. Este es el resultado de un trabajo en equipo, siempre pensando en la comunidad”.
Sin embargo, no todos están conformes. Un grupo de residentes que había aportado dinero para construir el oratorio expresó su malestar. “Todo el mundo sabía del proyecto y recién ahora nos dicen que estábamos usurpando tierras fiscales. Estoy segura de que el padre ‘Carlitos’ Sánchez intervendrá para buscar una solución”, señaló María Rosa Rodríguez.
De acuerdo con la Fiscalía de Estado, estas intervenciones se enmarcan en una política activa contra las usurpaciones. Los tres casos reflejan una estrategia que combina negociación, operativos de desalojo y reasignación de inmuebles con fines comunitarios, en este caso vinculados a la seguridad y la educación pública.
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