Miércoles 10 de Septiembre de 2025, 05:34

DENUNCIADOS. De izquierda a derecha, la relatora Solana Casella, su esposo Luis Ontiveros, muy cercano al juez federal Mario Leal, ubicado en el otro extremo de la imagen.
Un nuevo giro se produjo en la investigación federal por presunto tráfico de influencias que involucra al entorno del camarista Mario Leal. La defensa de Luis Ontiveros, señalado como intermediario en la supuesta venta de fallos, presentó un escrito en el que asegura que su esposa, Solana Casella, relatora del juez y candidata al Juzgado Federal N° 1, no pudo haber intervenido en el expediente cuestionado porque estaba de licencia por maternidad en el período señalado por la denuncia.El planteo fue ingresado al Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado subrogante José Manuel Díaz Vélez. Según el documento, Casella estuvo de licencia desde el 30 de enero hasta el 2 de junio de 2025, reincorporándose recién el 3 de junio. “Resulta materialmente imposible que haya gestionado cualquier trámite del expediente N° 5253/2022”, sostiene el escrito, en referencia a la causa en la que se investiga al hijo del denunciante, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, funcionario de ARCA.
Martínez aseguró que Ontiveros le pidió entre 80.000 y 100.000 dólares a cambio de un voto favorable de Leal en esa causa. Relató además que los encuentros ocurrieron en dos bares de Yerba Buena.
El fiscal federal Agustín Chit continúa con la pesquisa. Una de las primeras medidas fue descartar la participación de Solana Caínzo, quien había sido señalada a partir de la foto de un vehículo, pero finalmente se comprobó que no tenía relación con Ontiveros ni con la causa.
En cambio, sí quedó probado que en una de las reuniones Ontiveros utilizó una camioneta Fiat Toro asignada oficialmente al camarista Leal, lo que abonó la sospecha sobre un posible uso de bienes institucionales. En mayo, Chit dictaminó que Ontiveros mantenía un “vínculo personal no filial” con Leal, que utilizaba una billetera virtual vinculada al juez y que se movía en el vehículo oficial. Aunque no implica responsabilidad penal directa para Leal, el vínculo quedó expuesto.
La querella, representada por el abogado Juan Andrés Robles, insiste en que Ontiveros tenía acceso privilegiado al camarista gracias a los lazos familiares y laborales: Casella, esposa de Ontiveros, trabaja en el tribunal junto a sus hermanos Mario y Ramón Gustavo, también colaboradores de Leal. Además, reclamó esclarecer si el camarista demoró su voto en el expediente de Catamarca justo cuando, según la denuncia, Ontiveros solicitaba dinero.
La defensa de Ontiveros, a cargo de
Camilo Atim, sostiene que se trata de un “montaje” para perjudicar la carrera judicial de Casella. Rechazaron la validez de las pruebas al subrayar que el audio presentado por el denunciante es “inaudible” según una pericia de Gendarmería.
El caso permanece en etapa de instrucción. El fiscal Chit debe analizar el peritaje informático del celular secuestrado a Ontiveros, cuya entrega estuvo envuelta en polémicas. La defensa recusó al juez Díaz Vélez y objetó la extracción de datos realizada con software especializado. Estos incidentes serán evaluados por la Cámara, aunque Leal ya anticipó que se excusará de intervenir.
Mientras tanto, Casella radicó una denuncia paralela contra Martínez Salazar por falsa denuncia y falso testimonio, en un intento de despejar sospechas que afectan directamente a su postulación para el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral.
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