La Justicia restituye el derecho constitucional de una abogada que pidió el retiro voluntario del Poder Judicial para ejercer su profesión
Miércoles 10 de Septiembre de 2025, 18:51
Agustina Mitre."Pedí el retiro voluntario. Me matriculé, juré ante la Corte, y el Colegio de Abogados de Capital anuló mi matrícula porque entendía que
había una incompatibilidad", cuenta Agustina Mitre.
La abogada trabajaba en el Poder Judicial desde 2012, cuando todavía era estudiante de Derecho. Entró por concurso público.
"Además, la Cámara, en su
fallo, remarcó que el Colegio de Abogados no actuó con la prudencia y la
diligencia exigible especialmente a un ente público no estatal que
regula el gobierno de la matrícula", resaltó.
El tribunal reafirmó que el ejercicio de la abogacía es un derecho constitucional, protegido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, y advirtió que las restricciones arbitrarias a la matrícula profesional lesionan el derecho al trabajo y al debido proceso.
Un precedente fundamental
El fallo marca un precedente clave en defensa de la libertad profesional, dejando en claro que los colegios profesionales no pueden erigirse en barreras arbitrarias para impedir el ejercicio de la profesión ni arrogarse facultades que exceden su marco legal.
En palabras del tribunal, la decisión del Colegio de Abogados configuró un acto “inválido por incompetencia material, contrario al marco constitucional de atribución de competencias y en violación al principio de legalidad”.
“Confiaba en que la Justicia iba a fallar a mi favor, por eso interpuse el amparo. Fueron meses muy duros, en los que sufrí violencia institucional por parte del propio Colegio, que no actuó con la debida diligencia y prudencia que le es especialmente exigida por ser un ente público no estatal que representa a todos los abogados tucumanos. Esa falta de prudencia es incompatible con los principios de lealtad, coherencia y buena fe que deben regir a quienes gobiernan la matrícula profesional", sostuvo Mitre.
Relató que durante el proceso, el Colegio incurrió en conductas que revisten gravedad institucional: "Asumió una conducta sinuosa y oportunista, cambiando de postura jurídica entre la actuación administrativa y la judicial, contrariando los principios de coherencia y lealtad procesal. Emitió comunicados y promovió la junta de firmas, como si lo que se debatía fuera una cuestión de votos o apoyos institucionales, en lugar de un derecho fundamental", enumeró.
"Difundió junto a FACA un comunicado tergiversando los hechos y atribuyendo falsamente a la Corte Suprema haber declarado una incompatibilidad que nunca existió con la finalidad de influir en el resultado del pleito, intentando presionar a los jueces, subestimando la idoneidad moral y técnica de estos", agregó.
"Escrachó mi título profesional asentando en él la anulación de la matrícula, un acto arbitrario e impropio que podría configurar delitos contra la propiedad y la fe pública (art. 184 inc. 5 y art. 255 del Código Penal); y endilgó falsedades sobre supuestas omisiones en mis declaración jurada, atribuyéndole faltas inexistentes".
"Frente a ese embate mediático y corporativo, elegí mantener un silencio estoico, respetando los tiempos de la Justicia y confiando en que la decisión se adoptaría conforme a la ley y a los principios constitucionales, sin injerencias ni presiones indebidas", manifestó.
"No puedo dejar de señalar un sesgo de género en el accionar del Colegio. En mi misma situación había un colega varón, pero él nunca fue hostigado ni su caso expuesto públicamente. La única que fue amedrentada e intimidada fui yo. Pensaron que por ser mujer me iba a callar. Se confundieron de presa: me fortalecieron”, relató.
"Este fallo es una victoria de todos los abogados tucumanos que creen en una justicia libre de presiones y en el ejercicio digno de la profesión”, concluyó Mitre.
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