Miércoles 15 de Octubre de 2025, 18:41

Valentina Olguín
El ascenso meteórico de Valentina Olguín, la influencer y cantante santiagueña que construyó su fama entre videos de TikTok y marcas internacionales, parece haberse desplomado bajo el peso de un escándalo judicial pocas veces visto. Lo que comenzó como una denuncia aislada por uso indebido de datos fiscales se convirtió en una causa federal de alto voltaje político, con cinco gobernadores provinciales como víctimas y una acusación cada vez más grave: "contrabando simulado en concurso real".El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, resolvió agravar la imputación y recalificar los hechos, una decisión que coloca a la joven de 27 años ante un escenario judicial severo. Olguín deberá presentarse el próximo 4 de noviembre para responder ante la Justicia por las maniobras que habrían vulnerado los datos fiscales de
Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan). Según la investigación, entre septiembre y octubre del año pasado se registraron al menos 16 operaciones sospechosas.
Todas ellas en la tienda estadounidense Revolve, especializada en moda de lujo. La influencer habría utilizado los CUIT de los mandatarios para eludir los límites aduaneros de compras personales en el exterior -un tope de U$S 3.000- y continuar importando indumentaria tras agotar su propio cupo. El 12 de diciembre de 2024, efectivos del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal allanaron su domicilio, donde hallaron U$S 16.646 en efectivo, un iPhone 15 Pro, una computadora portátil y varias prendas de la marca estadounidense, elementos que fueron secuestrados como prueba.
La defensa de Olguín había intentado frenar el avance del proceso mediante una probation, proponiendo tareas comunitarias en Tucumán y disculpas públicas al gobernador Jaldo. Pero el fiscal Chit rechazó de plano el pedido al considerar "la gravedad de los hechos y la multiplicidad de delitos involucrados". De confirmarse su decisión, el expediente podría derivar en un juicio oral con penas acumulativas, ya que cada operación sería tratada como un delito independiente. El caso estalló cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo denunció que su CUIT había sido usado para compras que jamás realizó.
Incluso, indignado, señaló: "Inmediatamente puse la denuncia en la Aduana, en ARCA y también fui a la Justicia Federal, como un ciudadano común, en silencio. Esto le puede pasar a cualquiera". Al profundizar la investigación, Jaldo descubrió que no era el único afectado. "Somos cinco gobernadores de distintos espacios políticos que fuimos víctimas de esta misma maniobra. Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema. Por eso, le pido a los tucumanos que revisen si no están siendo víctimas también. Esto no es político, es grave. Están vulnerando la seguridad de todos los ciudadanos", advirtió.
El mandatario aclaró que no se utilizaron fondos personales: "No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente". Tres días después de que la causa se hiciera pública, Valentina Olguín rompió el silencio. En un intento por defenderse, aseguró que actuó "desde el desconocimiento" y que estaba "a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación". "No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias", afirmó.
Reconoció haber usado datos fiscales ajenos "para que no me retengan más los paquetes", y añadió: "he pensado o razonado en ese momento qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retengan más los paquetes. Obviamente ha sido desde un lugar inmaduro, desde el desconocimiento total, sin saber que podía trascender en algo más grave. Nunca se me ha pasado por la cabeza, aunque ahora viéndolo me parece una tontería no haberlo razonado mejor claramente".
Según su versión, las compras no respondían a una intención comercial sino a un intercambio con marcas del exterior: "Esto no era de compras. Yo recibía ropa que me mandaban marcas de afuera, a modo de colaboración, para que las use en un video o en fotos". Pero para la Justicia, los indicios son más oscuros. Los fiscales investigan si Olguín incurrió en delitos federales como falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos protegidos, lo que podría convertir un caso excéntrico de fraude digital en una causa emblemática sobre vulneración de identidad y delitos económicos en la era de las redes sociales.
Con más de 425 mil seguidores en Instagram y 192 mil en TikTok, Valentina Olguín se había convertido en una figura ascendente del pop urbano argentino, con canciones como Piel a piel, Dime cosas lindas y Baila morena. Tras su paso por las bandas LQmbia y Dame 5, había iniciado un camino solista que combinaba música, moda y presencia constante en redes. En paralelo, gestionaba un emprendimiento de indumentaria en el barrio porteño de Núñez, que según los investigadores habría servido de plataforma para las irregularidades fiscales detectadas. Hoy, su carrera se encuentra suspendida.
La imagen glamorosa de la joven influencer contrasta con la escena que la espera el próximo 4 de noviembre, cuando deba comparecer ante la Justicia federal para explicar cómo una cantante de pop terminó envuelta en una red de compras falsas, contrabando simulado y nombres de gobernadores utilizados como escudo.
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