La justicia federal decide si imputa por usurpación al creador de un barrio privado en tierras reclamadas por la UNT
Jueves 16 de Octubre de 2025, 05:25
SILENCIO. Tanto Marcelo Sosa como su hijo Marcio se negaron a declarar en la última audiencia y ahora la justicia federal debe decidir si avanza en el proceso judicial en su contra.El conflicto judicial por la ocupación del Parque Sierra de San Javier sumó un nuevo capítulo con la presentación ante la Justicia Federal de Próspero Marcelo Sosa y su hijo Marcio, responsables del controvertido barrio privado “Las Pirámides”. Ambos se negaron a declarar ante el fiscal subrogante Agustín Chit, en lo que constituye el último paso procesal antes de que el juez Guillermo Díaz Martínez defina su situación. A partir de ahora, el magistrado deberá resolver si los constructores serán formalmente imputados por usurpación, estelionato y daño a bienes de uso público.
El conflicto judicial tiene antecedentes que datan de 1998, cuando Sosa fue querellado por usurpación y finalmente sobreseído en 2008 por prescripción. Amparado en un supuesto derecho de posesión, el empresario comenzó a loteo y construcción de viviendas dentro del predio universitario, originando un grave daño ambiental por desmonte y apertura de caminos. Pese a las reiteradas órdenes judiciales que le prohibían continuar, Sosa siguió adelante con el proyecto, lo que le valió una condena penal en diciembre pasado: un año de prisión condicional y una multa de $ 30 millones, sentencia que el fiscal Chit confirmó como firme.
Las pericias recientes complican aún más su situación. Informes de la Cátedra de Topografía de la UNT y un relevamiento satelital realizado en junio de 2024 detectaron 70 construcciones identificadas georreferencialmente, lo que demuestra —según la Fiscalía— la continuidad de los actos de usurpación con la participación activa de Marcio Sosa. La acusación, impulsada por el representante legal de la UNT Máximo Castro, imputa al padre como autor y al hijo como partícipe secundario en tres hechos de usurpación registrados entre 2019, 2022 y 2024, además de daño a bienes públicos.
El expediente también expone presuntas maniobras de defraudación por estelionato: Sosa habría vendido terrenos falsamente atribuidos como propios. Los investigadores constataron que Catastro rechazó el plano de subdivisión en 2020 y que los boletos de compraventa contenían información falsa sobre el dominio de los lotes. Al menos 54 personas fueron identificadas como ocupantes, 19 de ellas con documentación fechada después de diciembre de 2018.
A esto se suman irregularidades en el suministro eléctrico. Una inspección ocular de abril de 2024 verificó que varios lotes contaban con medidores de luz registrados como robados o extraviados, mientras que la empresa EDET sólo reconocía un servicio precario a nombre de Sosa.
El fiscal Chit recordó que el Parque Sierra de San Javier, creado por la UNT en 1973, tiene fines educativos, ambientales y científicos, y que por su condición de dominio público no puede ser adquirido por prescripción ni vendido. Ahora, el juez Díaz Martínez deberá resolver si da curso a las imputaciones y dispone medidas cautelares contra los Sosa, en una causa que combina impacto ambiental, defraudación patrimonial y conflicto institucional con la principal casa de estudios de Tucumán.
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