Qué dice la denuncia contra Susana Trimarco en la Justicia Federal y la respuesta de la Fundación María de los Angeles
Viernes 31 de Octubre de 2025, 06:38
EPICENTRO. El local en cuestión, ubicado en El Bajo, cuyo alquiler derivó en una denuncia ante la Justicia Federal tras la difusión de un polémico audio atribuido a Susana Trimarco.Una denuncia presentada ante la Justicia Federal de Tucumán abrió un nuevo frente de controversia en torno a Susana Trimarco, titular de la Fundación María de los Ángeles, luego de que dos comerciantes solicitaran que se investigue un presunto alquiler irregular de un inmueble estatal ubicado en la zona de El Bajo, que habría sido cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a dicha institución.
Desde la fundación negaron cualquier vínculo con el local, que fue allanado días atrás en el marco de una causa por presunta venta de mercadería de contrabando.
El planteo judicial fue presentado el miércoles por los comerciantes Cynthia Rosa Gaitán y Jhonathan David Aguilar, quienes afirman haber alquilado el inmueble ubicado en pasaje Sargento Gómez 60 directamente a Trimarco, a través de un acuerdo firmado el 7 de agosto de 2024 con su apoderado Augusto Reinoso.
Representados por el abogado Ernesto Baaclini, los denunciantes sostienen que el inmueble —ahora clausurado tras el operativo del 22 de octubre— fue obtenido legítimamente mediante un pago inicial de seis millones de pesos (en parte en dólares) y un canon mensual de tres millones.
El conflicto habría comenzado cuando el apoderado de la fundación, Carlos Abel Albarracín, intimó a la pareja a desalojar el lugar por supuestos incumplimientos de contrato, calificando su permanencia como “ocupación ilegal”. Los comerciantes, sin embargo, rechazaron la acusación y aseguran haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con Trimarco para evitar mayores acciones legales.
La situación se agravó cuando, según su versión, el local fue allanado a raíz de una denuncia anónima que los vinculaba con actividades de contrabando. Los denunciantes sospechan que la presentación podría haber sido promovida por la propia Trimarco “para justificar la intervención judicial y recuperar el inmueble”, aduciendo que la propiedad pertenece al Estado Nacional y no podía ser objeto de alquiler privado.
En el escrito presentado ante el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez, los comerciantes pidieron allanamientos en la sede de la Fundación María de los Ángeles, con el fin de secuestrar libros contables, pagarés y registros de transferencias que acrediten los pagos realizados, así como los teléfonos de Trimarco y de la tesorera del organismo.
Para respaldar el pedido, Baaclini acompañó copias de mensajes, comprobantes bancarios, videos y audios que, según afirma, demostrarían que la presidenta de la fundación reclamaba directamente los pagos.
Por su parte, la Fundación María de los Ángeles emitió un comunicado negando de manera categórica cualquier vínculo con el inmueble allanado. “Esta institución no es propietaria ni posee inmuebles en ningún punto de la provincia”, indicaron, y aclararon que el local en cuestión “se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional en el marco de una causa por trata de personas”.
Además, el texto precisó que el único espacio otorgado por la AABE a la fundación se ubica en Sargento Gómez 58, distinto al mencionado por los denunciantes, y que permanece vacío “a disposición de la sociedad”.
Hasta la noche del jueves, los representantes legales de la entidad afirmaron no haber sido notificados oficialmente sobre la denuncia presentada ante la Justicia Federal.
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