La justicia federal santiagueña eleva a juicio un fraude millonario que tendrá 24 imputados

Martes 04 de Noviembre de 2025, 07:12

A JUICIO. La causa, que motivó una extensa investigación en el fuero federal, involucra a 24 imputados que se sentarán en el banquillo.



El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero llevará a cabo un juicio contra 24 personas acusadas de formar parte de una compleja organización dedicada a la evasión fiscal.  Utilizaban facturas falsas para engañar al sistema, lo que habría causado un perjuicio de más de 800 millones de pesos al Estado Nacional.

Esta decisión se tomó después de que el fiscal federal Pedro Eugenio Simón y el auxiliar fiscal Pedro Martín Basbus Turk, ambos de la Fiscalía Federal N°1 de Santiago del Estero, solicitaran que el caso se elevara a juicio.

La investigación reveló que el contador público nacional Carlos Gustavo Coronel Medina era el líder y organizador de esta red criminal que operó entre 2016 y 2018.  Según la acusación, Coronel Medina creó una red de 22 “usinas”, que podían ser personas o empresas registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). 

Estas “usinas” emitían facturas por servicios que nunca se prestaron o productos que nunca existieron.  Los contribuyentes usaban estas facturas falsas para simular gastos o compras, reduciendo así de manera fraudulenta el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias.  La ARCA tiene una base de datos llamada e-Apoc, que se usa para identificar a los emisores de comprobantes falsos.

En el expediente también se encuentran imputados tres integrantes de la Agencia Santiago del Estero de la Dirección General Impositiva (DGI-ARCA): María Patricia Godoy, Luis Alberto Fincatti (actualmente jubilado) y Manuel Alejandro Azar.  Se les acusa de facilitar la operatoria a cambio de beneficios indebidos.

Además, fueron procesados los titulares de las usinas, una secretaria del estudio contable de Coronel Medina y varios colaboradores.  Se les acusa de contribuir al armado, emisión y circulación de comprobantes falsos.

La causa se calificó como asociación ilícita tributaria, evasión tributaria agravada por el uso de facturas falsas, cohecho y defraudación en perjuicio de la administración pública. El Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que los imputados conformaron una estructura organizada y sostenida en el tiempo con el propósito de evadir tributos nacionales a gran escala.

Con la elevación a juicio, el expediente será analizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.  El tribunal deberá fijar fecha para el debate oral y público. En esa instancia, intervendrá la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal, encargada de sostener la acusación y presentar las pruebas recolectadas durante la investigación. El proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales de los 24 acusados y establecer el grado de perjuicio ocasionado a las arcas del Estado Nacional.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, conformado por los jueces Jorge Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Ana Carina Farías, será el responsable de conducir el juicio oral contra 24 individuos acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a la emisión y uso de facturas falsas.  Estas actividades ilegales habrían causado un daño económico superior a los 800 millones de pesos al Estado Nacional.

Los 24 acusados que enfrentarán juicio son: Oscar Alfredo Ale, Daniel Marcelo Aparicio Lazarte, Luis Hernán Arce, Nélida Elizabeth Arce, Armando Alfredo Artaza, Sergio Rubén Auat, Manuel Alejandro Azar, María Guadalupe Colucci, Carlos Gustavo Coronel Medina, Gustavo Adolfo Depompa, Marcos Gabriel Dos Santos, Jorge David Ferreyra, Luis Alberto Fincatti, Oscar Franco Emilio Galván, María Patricia Godoy, Jorge Adolfo Gómez, María Beatriz González, Cristian Omar Gramajo, Daniel Eduardo Luna, Carlos Eduardo Méndez, Juan Carlos Saavedra, Fabián Alejandro Sagolpa, Ariel Exequiel Sayavedra y Luciana Ada Emilia Valdez.

Todos ellos enfrentan cargos por asociación ilícita tributaria, evasión tributaria agravada por el uso de facturas falsas, cohecho y defraudación a la administración pública nacional. Cabe destacar que tres personas inicialmente involucradas fueron sobreseídas, según información obtenida por este medio.

En un dictamen extenso de más de 450 páginas, el fiscal federal Pedro Eugenio Simón se centró en el desarrollo de la investigación, detallando los diversos aspectos tributarios y cómo se habrían cometido los delitos imputados.

El requerimiento detalló cuatro maniobras ilegales: la formación de una organización criminal para facilitar la evasión de impuestos nacionales por parte de terceros, la evasión exitosa de estos impuestos y la entrega de sobornos a agentes de ARCA para modificar la situación registral y fiscal de los contribuyentes, lo que resultó en la defraudación al Fisco Nacional.

La investigación comenzó el 5 de diciembre de 2019, después de que la jefa interina de la Sección Penal Tributario de la entonces AFIP, Dirección Regional de Tucumán, denunciara la existencia de una organización criminal que supuestamente había evadido 800 millones de pesos mediante la emisión de comprobantes apócrifos.

Los peritajes telefónicos realizados por el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán, y oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero, al celular del jefe de la organización, revelaron conversaciones entre él y funcionarios del fisco nacional.