El video de un abusador sexual caminando por Tafí Viejo destapó el escándalo de presos trabajando en la casa de un jefe policial
Miércoles 12 de Noviembre de 2025, 18:20
El Gobierno destituyó al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte tras confirmarse que usaron presos y personal policial en la construcción de un inmuebleEl caso derivó en la detención y expulsión del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, y de su segundo, Sergio Juárez. También están bajo investigación otros once efectivos cuyos nombres aún no trascendieron.
Agüero Gamboa recibió la denuncia un viernes y esperó al inicio de la semana para enviar personal de confianza a constatar los hechos, aunque en ese momento no encontraron a nadie. Informó la situación al gobernador Osvaldo Jaldo, y juntos convocaron a la fiscal de Estado Gilda Pedicone para coordinar un operativo.
Días después, personal de la Fiscalía de Estado acompañado por miembros de la custodia del gobernador se dirigió a la vivienda señalada. Allí hallaron a dos policías en funciones y a dos presos realizando trabajos de construcción. Según testigos, los efectivos alegaron haber actuado por órdenes de sus superiores y se mostraron reacios a acatar las indicaciones de los investigadores.
Las sospechas y las pruebas
La fiscal Mariana Rivadeneira investiga la hipótesis de que Beltrán utilizaba a personal de la fuerza y a cuatro condenados para realizar trabajos particulares en su casa de descanso, ubicada en El Cadillal. Los detenidos eran trasladados desde las comisarías donde cumplían condena en vehículos oficiales, sin autorización judicial ni registro de esos movimientos.
Tres de los presos estaban alojados en la comisaría de Chuscha y el cuarto en la de Yerba Buena. Se presume que entre lunes y viernes permanecían en la base del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Norte, donde dormían, y que los fines de semana volvían a sus lugares de detención. No recibían paga alguna, pero disfrutaban de un régimen irregular de semilibertad.
El juez de Ejecución, Gonzalo Ortega, ordenó su inmediato traslado al penal de Benjamín Paz al tomar conocimiento del hecho.
Irregularidades y consecuencias
De acuerdo con las normas, cualquier traslado de detenidos debe contar con la autorización del juez de Ejecución y quedar asentado en el libro de guardia. La investigación judicial ya cuenta con estos registros.
Beltrán, Juárez y los policías Luis Trejo y Osvaldo Tiseira enfrentan cargos por peculado, delito que castiga a los funcionarios públicos que utilizan recursos o servicios del Estado en beneficio propio o de terceros. Podrían enfrentar penas de entre dos y diez años de prisión. Además, otros efectivos podrían ser imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Como consecuencia inmediata, Beltrán y Juárez fueron dados de baja definitiva, medida que les impide acceder a la jubilación policial. El caso también provocó una profunda crisis interna en la fuerza.
Repercusiones institucionales
El gobernador expresó su malestar ante la cúpula policial y exigió un informe completo sobre la gestión de los últimos dos años. Los ascensos previstos quedaron suspendidos y se evalúan cambios en la plana mayor.
Aunque la continuidad del jefe de Policía no estaría en riesgo inmediato, el episodio afectó la confianza en la institución. El hecho es considerado uno de los más graves registrados en los últimos años dentro de la fuerza provincial.
En el ámbito policial, el caso también reavivó tensiones internas: algunos oficiales sospechan que la denuncia anónima provino de sectores enfrentados a Beltrán, quien había generado conflictos previos por procedimientos controvertidos y decisiones disciplinarias.
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