Chats y videos comprometedores: Diego Spagnuolo saliendo de la casa de un intermediario, los “cinco palos” para “el pelado” y la maniobra con los laboratorios

Viernes 14 de Noviembre de 2025, 20:05

Este viernes se levantó el secreto de sumario en la causa de los audios del área de Discapacidad y lo que encontró la Justicia, entre chats e imágenes, fue calificado por fuentes de la investigación como indicios contundentes de sobornos y corrupción.

Entre las pruebas reunidas, que llevaron a la Justicia a solicitar la indagatoria de Diego Spagnuolo y de otras 14 personas, aparecieron imágenes de una cámara que tomó al extitular del área de Discapacidad saliendo de la casa de un operador de los laboratorios, Miguel Calvete.
A la vez, se pidió la detención de Pablo Atchabahian, que fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud durante el macrismo.
En un escrito de alto voltaje político, el fiscal Franco Piccardi describe a los acusados como una “organización delictiva” que obtuvo “amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad”.
La acusación se sostiene, entre otras pruebas, en una enorme cantidad de mensajes comprometedores recuperados de los teléfonos celulares de los imputados. Allí se habla de reparto de dinero, de “cajas estatales” y de arreglos espurios para la provisión de medicamentos.
“La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”, señala Piccardi.
El escrito alude a una reunión entre Spagnuolo y Calvete, luego de conversaciones entre ellos y con otras personas en la cual se habría acordado la entrega de $5 millones.
“Diego Orlando Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje [a Israel] y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”, sostiene el dictamen.
En esta ocasión, Miguel Ángel Calvete le dice por mensaje de audio a Diego Spagnuolo lo siguiente: “Escucháme, bueno, hablás con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandále un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlitos Z, decile que viajás, que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente, no te ven de pico estos, son todos puenteros estos”.
Antes, Calvete le pidió a su mujer, Guadalupe Muñoz, "cinco palos” en efectivo en pesos. Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.
Según la investigación, la acusación del fiscal Franco Picardi apunta a una estructura que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, utilizó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como un “centro de operaciones de diversas actividades ilícitas” para obtener “amplias sumas de dinero de manera indebida”.
Las pruebas más irrefutables provienen de la recuperación de comunicaciones eliminadas, registros de video y la evidencia de sobreprecios en medicamentos esenciales.
De acuerdo con el dictamen, el mecanismo de defraudación se implementó mediante la realización de “compulsas reducidas” donde solo se invitaba a un grupo de tres o cuatro proveedores.

En las 21 compulsas reducidas detectadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. recibieron el 93.11% de las adjudicaciones, por un monto total de $30.337.220.919,77.
La fiscalía documentó el caso del medicamento Macitentan 10 MG. Este medicamento se había adjudicado en una compulsa general el 19 de noviembre de 2024 por 8.290.000 por unidad.
El dictamen señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) verificó que en este lapso de tres días hábiles se produjo un incremento superior al 1.900%, sin que existiera justificación técnica ni médica que lo avalara.
Otro ejemplo de posible sobreprecio se registró con el medicamento Burosumab 20 MG. Mientras que Génesis S.A. y Profarma S.A. cobraron precios superiores a $40 millones en compulsas reducidas (junio 2025), otros oferentes, como Soldist S.R.L. y Hemipharm S.R.L. , obtuvieron adjudicaciones en compulsas generales por $21.000.000 en el mismo período. Estos proveedores competitivos fueron sistemáticamente excluidos de las compulsas reducidas.

Miguel Ángel Calvete es señalado como el “verdadero articulador de la organización ilícita”. Según las pruebas, gestionó pagos, coordinó cobros para diversas droguerías y proveyó indicaciones dentro de ANDIS, a pesar de ser un proveedor. Calvete mantenía vínculos directos con Spagnuolo, y Daniel Garbellini, que también se desempeñó en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Pablo Atchabahian, el unico detenido, es quien había ocupado un cargo directivo en ANDIS anteriormente (2018-2019), utilizó su conocimiento del sistema para ordenar a Garbellini a qué droguerías había que frenarle los pagos y a cuáles incorporar al sistema SIIPFIS para garantizar adjudicaciones.
Atchabahian se encontraba vinculado a la droguería Génesis S.A. y al laboratorio Roche S. A. Q. E. I.
Spagnuolo, según la Justicia, fue la figura institucional que consintió y supervisó el direccionamiento de las compulsas, basado en su aceptación de beneficios económicos indebidos (como el dinero en efectivo coordinado por Calvete y su pareja, Guadalupe Muñoz).

Garbellini actuó como el principal ejecutor de las órdenes externas de Calvete y Atchabahian, de acuerdo con el dictamen. Su papel fue decisivo al permitir que agentes sin designación administrativa accedieran a información sensible, tomaran decisiones vinculadas a la gestión de recursos y, de manera crucial, operaran el sistema de compras SIIPFIS “desde el exterior del organismo”.
Dentro de la estructura de ejecución, se encontraban: Roger Edgar Grant, coordinador de Gestión de Urgencias, que funcionó como ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini en todo lo relativo a las contrataciones PACBI; Eduardo Nelio González (alias “Pino”), designado como Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, que operaba como pivote interno y respondía directamente a Miguel Ángel Calvete, incluso antes de su designación formal, siendo retribuido con divisas de manera indebida.
También aparece Lorena Di Giorno, funcionaria del área PACBI. Su rol era un vínculo directo con Miguel Ángel Calvete, cumpliendo sus órdenes y realizando pagos y movimientos de dinero hacia personas y empresas vinculadas a este último (como INDECOMM y Profarma S.A.).
La organización, de acuerdo con la Justicia, se completó con un grupo de operadores externos responsables de la manipulación técnica del sistema y del manejo de los fondos ilícitos.

Luciana Ferrari, que trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I., fue la operadora externa clave introducida por Pablo Atchabahian. Se le otorgó acceso a un usuario y contraseña del sistema SIIPFIS provistos por Daniel María Garbellini para que pudiera gestionar “tickets” y acceder a información anticipada sobre las compulsas de precios desde fuera de la ANDIS.
Las droguerías beneficiarias concentraron las adjudicaciones gracias al direccionamiento de compulsas “reducidas” (con solo 3 o 4 oferentes invitados).
Finalmente, la logística financiera fue manejada por Guadalupe Ariana Muñoz (pareja de Calvete), quien movía el efectivo y los cheques, y por Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, quienes se encargaban de la movilización y administración de las cuantiosas sumas de dinero obtenidas ilícitamente, con vínculos a la aviación privada (Baires Fly S.A.).

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