Miércoles 19 de Noviembre de 2025, 17:53

Basural en Maipú al 500
A pesar de que la empresa Transportes 9 de Julio absorberá más del 31% del presupuesto municipal 2026 —más de $110.000 millones, equivalente a tres de cada diez pesos que gasta toda la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y más de 300 millones de pesos por día—, se multiplican las denuncias de vecinos de Barrio Norte afirmando que los contenedores de residuos siguen transformándose en basurales a cielo abierto, sin mejoras en el servicio de recolección.
Por ejemplo, en Maipú al 500 los habitantes aseguran vivir entre moscas verdes, olores nauseabundos, acumulación constante de basura y un riesgo sanitario que se agrava cada día.
La situación lleva más de un año. Los vecinos relatan que los contenedores suelen rebalsarse y quedar abiertos tras las lluvias, lo que genera un ambiente ideal para la proliferación de enfermedades y posibles criaderos de dengue. “Es un foco permanente de mugre: convivimos con los olores y la contaminación las 24 horas”, describen.
Por este motivo, los vecinos reclaman que se retire el contenedor de la cuadra y se vuelva al sistema anterior, cuando cada vecino sacaba su basura a las 21. Dicen que desde que el contenedor fue instalado, la calle “se convirtió en un depósito continuo de residuos”.El contraste con los montos presupuestarios genera indignación. Según el proyecto de Presupuesto 2026, San Miguel de Tucumán destinará más de $110.000 millones a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos —principalmente al servicio que presta 9 de Julio— dentro de un presupuesto total de $349.000 millones. En otras palabras: el gasto más grande del municipio se concentra en un servicio que, según los vecinos, “no funciona” y “empeora la calidad de vida”.
La cifra del gasto en recolección de basura implica un promedio de 301 millones de pesos por día.
Las quejas no son nuevas, pero se intensificaron con el caso reciente del basural en Balcarce, que volvió a exponer la falta de control sobre los contenedores. Los denunciantes piden soluciones urgentes, mayor frecuencia de recolección y un rediseño del sistema para evitar que sus calles sigan convertidas en focos de contaminación, pese al multimillonario contrato vigente.
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