Imputan por un nuevo hecho a abogada trucha: ya son ocho e incluyen hasta amenaza de bomba
Miércoles 26 de Noviembre de 2025, 16:55
La mujer se hacía pasar por abogada.De acuerdo a la acusación, desde 2020 y 2025, la acusada simuló
la condición de abogada, profesión de la que carece de título
habilitante ni autorización colegiada, utilizó una matrícula profesional
perteneciente a una letrada homónima; y bajo esa puesta en escena,
engañó a diferentes personas mediante asesoramiento jurídico,
entregándoles copias de escritos, cédulas y decretos judiciales
previamente falsificados por ella, recibiendo por parte de las víctimas
el pago de importantes sumas de dinero.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal en la audiencia correspondiente al pedido de prórroga de la prisión preventiva y ampliación de los cargos.
“Pudimos dar con otra víctima y realizar la investigación al respecto y ampliar un nuevo cargo, con lo cual suman ocho. Es inconmensurable el daño económico respecto a las víctimas. La acusada conoce perfectamente los datos de todas las víctimas, restando evidencia por producir”, explicó la investigadora del MPF.
La acusada está imputada por los delitos calificados como: estafa por calidad simulada y falsos títulos en concurso real con falsificación de instrumentos públicos en forma reiterada, en calidad de autora.
También cuenta con un cargo como autora del delito de intimidación pública, ya que el 17 de junio pasado, la imputada, utilizando un celular, envió con claras intenciones de infundir un temor público y suscitar tumultos o desórdenes, un mensaje de texto a una policía que se desempeña en la Dirección General de Seguridad Poder Judicial de Tucumán, con una amenaza de bomba, lo que produjo la implementación del protocolo correspondiente y la suspensión total de las actividades durante el turno matutino.
La Fiscalía solicitó la ampliación de las medidas de coerción de mayor intensidad por el plazo de 20 días ante la vigencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, solicitud que fue aceptada por el juez actuante.
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