Lunes 01 de Diciembre de 2025, 04:42
El gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia del camino elegido por varias provincias que buscan financiamiento internacional en moneda extranjera. Mientras distritos como Córdoba, Neuquén, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires aprovecharon la baja del Riesgo País para tentar a los mercados, Tucumán descarta por completo esa vía. “No es momento de endeudarse; menos en dólares”, es la línea que baja el mandatario en un contexto de caída de ingresos y alta incertidumbre macroeconómica.
Sin embargo, la Provincia no renuncia del todo a la posibilidad de acceder a créditos: el proyecto de Presupuesto 2026 —actualmente en debate legislativo— incluye un pedido de autorización para tomar préstamos subsidiados con garantía de coparticipación federal, por hasta U$S 250 millones o su equivalente en pesos.
Se trata de financiamiento destinado exclusivamente a obras e inspecciones vinculadas a programas multilaterales o bilaterales. En la práctica, Jaldo se muestra dispuesto a recurrir a ese tipo de créditos sólo si se trata de fondos externos ya acordados y con impacto directo en infraestructura.
Aun así, las opciones están en revisión. Proyectos que en otro momento se evaluaron como posibles destinos del crédito —como el Estadio Único en Lules o un plan integral de conectividad provincial— quedaron relegados. El gobernador prefiere concentrarse en “consolidar las cuentas públicas”, evitar compromisos impagables y garantizar que cualquier obra sea sostenible sin comprometer el equilibrio fiscal.
Mientras tanto, tres grandes proyectos sí avanzan: la modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo, el cierre del anillo energético provincial y el acueducto de Vipos. Según Jaldo, estas obras son clave para mejorar la calidad de los servicios y apuntalar la competitividad económica de Tucumán.
El frente más delicado, sin embargo, está en la relación financiera con el Gobierno nacional. En Buenos Aires, Jaldo y el ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad, negociaron por una deuda que —según cálculos oficiales— alcanzaría los $200.000 millones.
Ese monto incluye compromisos bilaterales impagos, deudas históricas, prestaciones del PAMI en el sistema público y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no girados, además de obras que Tucumán financió con recursos propios a la espera de envíos desde Nación. La cifra es equivalente a una planilla salarial bruta provincial.
La expectativa del Ejecutivo es lograr, antes de fin de año, un esquema de pagos o un mecanismo de compensación que permita comenzar 2026 sin tensiones críticas. El presupuesto para el año próximo —cercano a los $ 5 billones— prevé un leve superávit de apenas $ 708 millones, equivalente a 90 minutos de funcionamiento del Estado provincial.
Las conversaciones se canalizan a través del ministro nacional Luis Caputo, pero requieren definiciones políticas que Jaldo negocia directamente con el ministro del Interior, Diego Santilli. En paralelo, los números internos de Tucumán no dan margen para improvisaciones: la coparticipación cayó 5% real en noviembre y los impuestos provinciales, especialmente Ingresos Brutos, registraron bajas que promedian el 9% mensual por la retracción de la actividad.
A pesar del escenario, la deuda pública provincial no representa un foco de inquietud en términos estructurales. Según Contaduría General, al cierre de octubre ascendía a $ 158.729 millones, apenas un 3% del presupuesto. La deuda flotante, en cambio —$ 313.905 millones— sigue siendo un desafío operativo, aunque se cancela cuando se efectúan los pagos a personal, proveedores y municipios.
Contaduría destacó que, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas firmado con Nación en septiembre de 2025, la Provincia amortizó $ 13.826 millones correspondientes al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional y $ 1.788 millones del Convenio de Desendeudamiento, lo que implicó un alivio fiscal relevante.
Para contingencias inmediatas, el proyecto de Presupuesto también contempla la posibilidad de tomar créditos de corto plazo por hasta el 10% del gasto anual. Como en todos los casos, la garantía será la Coparticipación Federal.
Con ingresos en caída, deudas nacionales en discusión y la premisa de evitar el endeudamiento en dólares, Jaldo apuesta a navegar 2026 con disciplina fiscal y negociaciones políticas intensas. El margen es estrecho y las definiciones, decisivas.