Miércoles 03 de Diciembre de 2025, 18:19
Hay cuatro acusados por los delitos de usurpación por despojo parcial, turbación de la posesión y entorpecimiento de la prestación del servicio público.El Ministerio Público Fiscal obtuvo la restitución provisoria de un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas América y Francisco de Aguirre, en la zona de Lomas de Tafí, luego de verificarse una presunta maniobra de usurpación que habría afectado de manera directa el normal funcionamiento del servicio público de agua potable.
La medida fue dispuesta en el marco de una causa que tiene como imputados a cuatro ciudadanos, acusados de usurpación por despojo parcial, turbación de la posesión y entorpecimiento del servicio público, delitos que concurren idealmente entre sí y que perjudican a la empresa prestataria SAT-SAPEM.
La investigación es dirigida por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 2, cuyo titular es el fiscal Diego Hevia, con la asistencia de la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás.
Antecedentes del caso
De acuerdo con la hipótesis del MPF, los hechos se desarrollaron el 21 de abril de 2025, cuando los imputados habrían impedido la entrada de un empleado de SAT-SAPEM que debía realizar tareas de control y mantenimiento en un pozo de agua ubicado dentro del predio. Según la acusación, para obstaculizar ese acceso los sospechosos utilizaron construcciones instaladas sobre parte de la vereda municipal, ocupando ilegítimamente un área pública y bloqueando por completo el ingreso al inmueble donde se encuentra el pozo.
La fiscalía sostuvo que esta apropiación indebida del espacio público no solo vulneró la posesión municipal, sino que además comprometió la prestación de un servicio esencial, ya que las instalaciones de agua requieren supervisión periódica para garantizar calidad, potabilidad, cloración y mantenimiento. La obstrucción habría generado dificultades operativas para la empresa prestataria, con potencial impacto sobre la comunidad de Lomas de Tafí.
Resolución judicial
Durante la audiencia, la magistrada interviniente resolvió admitir la formalización de la investigación penal preparatoria, rechazó las oposiciones planteadas por las defensas técnicas y convalidó la formulación de cargos en contra de los cuatro imputados, atribuyéndoles participación en calidad de coautores.
Asimismo, dispuso la restitución provisoria del inmueble a SAT-SAPEM. Los acusados fueron intimados a desocupar voluntariamente el lugar dentro de un plazo máximo de 90 días corridos. En caso de incumplimiento, la jueza autorizó el allanamiento con auxilio de la fuerza pública, el cual deberá ejecutarse de manera pacífica y con la intervención de organismos de protección de la niñez, dado que en el domicilio residen menores de edad.
Medidas cautelares
En paralelo, la magistrada impuso diversas medidas de coerción por un período de seis meses, entre ellas:
-La obligación de someterse al proceso penal y de abstenerse de realizar cualquier conducta que entorpezca la investigación.
-La fijación y mantenimiento de domicilios estables.
-La obligación de presentarse ante todas las citaciones judiciales.
-La prohibición de acercarse al inmueble en un radio inferior a 200 metros.
Finalmente, los imputados fueron intimados a garantizar el ingreso irrestricto al personal técnico de SAT-SAPEM para efectuar las labores esenciales de cloración, limpieza, mantenimiento y control del pozo de agua. El incumplimiento de esta orden podría derivar en una nueva denuncia por desobediencia judicial.