Hojas de coca: un gran negocio que no para de crecer impulsado por un curioso vacío legal
Lunes 05 de Enero de 2026, 05:24
OPERATIVO LAPACHO. Concebido para frenar el narcotráfico, el operativo se volvió una barrera incómoda para el tráfico de hojas de coca.Concebido para frenar el ingreso de drogas a Tucumán, el Operativo Lapacho terminó revelando una trama de infracciones y circuitos ilegales que crecen al amparo de grises normativos. El caso más elocuente es el contrabando de hojas de coca: durante 2025, la Policía provincial decomisó más de 16.000 kilos, casi un 300% por encima del año anterior, con un valor estimado que supera los $ 1.500 millones y que podría ser sensiblemente mayor según el precio de reventa.
Los procedimientos dan cuenta de la magnitud del circuito. El martes pasado, a partir de información confidencial, efectivos interceptaron dos camionetas con 600 kilos de hojas de coca que habían partido de Orán (Salta) e ingresado a Tucumán por La Candelaria. En el acumulado anual, el 70% de la mercadería incautada provino de Salta y el 30% de Jujuy. Los mayores decomisos se concentraron en Cabo Vallejo (8.334 kilos) y 7 de Abril (6.890), sobre las rutas nacionales 9 y 34; Colalao del Valle aparece como tercer punto, con más de 460 kilos.
Las cifras también derriban la idea de que el consumo se limite al NOA. El principal destino de la coca secuestrada fue Buenos Aires (6.630 kilos), seguido por Tucumán (6.097) y Córdoba (1.290). En total, se detectaron envíos hacia 14 de las 24 jurisdicciones del país.
“Estamos ante organizaciones que montaron una estructura completa”, explicó Ferreyra. El primer eslabón está en Bolivia —donde la producción y venta son legales—; luego la mercadería cruza de manera clandestina hacia ciudades salteñas y se distribuye al resto del país, con provincias como Tucumán convertidas en nodos logísticos.
Desde el punto de vista legal, las hojas de coca son material de contrabando. Por eso, quien las transporta incurre, en general, en una infracción administrativa: se labra un acta y se aplica una multa. Por limitaciones de recursos, sólo se judicializa a reincidentes o a quienes integran estructuras de gran escala. La normativa ordena la destrucción por quema, aunque en muchos casos el producto se inutiliza al secarse durante el acopio.
Las similitudes con el narcotráfico son cada vez más visibles. La principal vía de traslado es la encomienda (más de 9.500 kilos en 2025), seguida por camionetas (1.900) y los denominados tours de compra (1.796). Las rutas coinciden: la “Ruta de los Valles” y las nacionales 9 y 34. Incluso los paquetes ya exhiben sellos identificatorios —con nombres de personas— que, según investigadores, podrían aludir a productores o a la calidad del producto. “Muchas veces nos critican, pero es una actividad ilícita que debe combatirse”, remarcó Ferreyra.
Ponerle precio al negocio es complejo por la volatilidad del mercado. En Bolivia, el kilo ronda los $ 14.500; para la Aduana argentina, el aforo es de $ 45.725, lo que llevaría lo incautado a unos $ 737 millones. Sin embargo, en el mercado informal los valores son más altos: el cuarto de kilo promedia $ 24.000 (el kilo, $ 96.000), y presentaciones de 40/45 gramos se venden a $ 4.000. En Salta y Jujuy, los 250 gramos se ofrecían a $ 13.000; en Buenos Aires, a $ 45.000. “Influyen la distancia, el riesgo y el dinero para sortear controles; manda la oferta y la demanda”, explicó el bagayero Juan Carlos Jiménez.
Con esos precios, lo secuestrado en Tucumán podría haber generado más de $ 1.600 millones si se fraccionaba en unidades pequeñas y cerca de $ 1.500 millones en cuartos. Especialistas advierten que lo incautado representaría apenas el 30% de lo que efectivamente se transporta. A ello se suma otro factor clave: por la falta de regulación y control, la actividad no tributa impuestos, profundizando un circuito ilegal que el Operativo Lapacho dejó al descubierto.
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