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La reforma laboral pone en jaque las cuentas provinciales: Tucumán aparece entre las más golpeadas
Jueves 15 de Enero de 2026, 07:05
El avance de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional abrió un frente de fuerte preocupación en las provincias por su impacto directo en los recursos coparticipables. Un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) cuantificó uno de los efectos más sensibles del proyecto: la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias provocaría una caída significativa en los fondos que reciben las jurisdicciones, y Tucumán se ubica entre las más afectadas del país.
El ranking elaborado por el Iaraf coloca a Tucumán en una posición crítica dentro del mapa nacional. Solo Buenos Aires, con una pérdida calculada en $ 238.558 millones, Santa Fe ($ 97.087 millones) y Córdoba ($ 96.459 millones) superan a la provincia en volumen de recursos comprometidos. Más atrás aparecen Chaco y Entre Ríos, completando un cuadro en el que tanto el norte argentino como la región central concentran el mayor peso del ajuste.
En términos generales, el costo fiscal de la reforma adquiere una dimensión estructural. El trabajo técnico estima que el Estado dejaría de recaudar cerca de $ 1,9 billones, de los cuales $ 1,12 billones recaerían sobre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En contraste, la Nación absorbería una caída de $ 789.000 millones, evidenciando una distribución del impacto que castiga con mayor dureza a los distritos subnacionales.
El núcleo del problema está en la naturaleza del Impuesto a las Ganancias: se trata de un tributo nacional, pero coparticipable, por lo que cualquier modificación en sus alícuotas reduce automáticamente la masa de fondos que se distribuye entre las provincias. Aunque el costo directo de la reforma representa el 0,22% del Producto Bruto Interno, esa proporción resulta determinante para economías provinciales altamente dependientes de la coparticipación.
El debate entra ahora en una etapa decisiva. Con el dictamen del Senado emitido en diciembre, el oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto alrededor del 10 de febrero. Este tramo final del calendario legislativo profundizó las tensiones con los gobernadores, que observan con creciente desconfianza cómo la reforma laboral avanza de la mano de un desfinanciamiento de sus territorios.
La negociación se vuelve aún más delicada por un factor político clave: varias de las provincias más perjudicadas han sido aliadas del Gobierno nacional o acompañaron iniciativas centrales durante los primeros años de gestión. Esa paradoja pone a prueba la solidez de los acuerdos políticos y la capacidad de sostener la gobernabilidad local frente a un ajuste que impacta directamente en las arcas provinciales.
Pese a las advertencias, la hoja de ruta oficial se mantiene sin cambios. Para el próximo viernes está prevista la primera reunión del año de la mesa política nacional, convocada para afinar el texto definitivo de la reforma. Desde el entorno del Ejecutivo ya adelantaron que no se prevén modificaciones sustanciales al articulado consensuado en la Cámara Alta, lo que refuerza la idea de que las provincias deberán prepararse para absorber un golpe fiscal de gran magnitud.