Sábado 17 de Enero de 2026, 13:55

Felipe Sosa, ex miembro del Ejército y de la Legión Extranjera, fue el primer detenido por el caso.
La detención de Felipe Sosa, conocido en el ambiente como “El Militar”, abrió una nueva y compleja etapa en la investigación por el asesinato de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años que fue hallada muerta dentro de una bolsa negra en un descampado de la zona de Manantial Sur. Aunque el ex militar retirado ya se encuentra bajo custodia, los investigadores consideran que el caso está lejos de resolverse y ahora apuntan a reconstruir con precisión el contexto en el que se produjo la muerte, el posible móvil del crimen y la eventual participación de terceros.
El hecho ocurrió el jueves 8 de enero, cuando dos personas alertaron al 911 sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un terreno ubicado en William Bliss y Gerónimo Helguera. Los familiares de la joven, que hacía días no sabían nada de ella, se acercaron al lugar y confirmaron que se trataba de Érika. Desde el primer momento, los peritos de la División Homicidios establecieron que el asesinato no había sido cometido allí, sino que el cadáver había sido arrojado en ese punto para ocultar rastros.
La autopsia preliminar determinó que la víctima murió como consecuencia de una golpiza salvaje y que todas las lesiones se concentraban en el lado derecho del cuerpo. Además, presentaba la mandíbula dislocada, un detalle que encendió la alarma de los forenses, quienes no descartan que haya sido sometida a torturas antes de su muerte. Otro elemento que reforzó esa hipótesis fue que el cuerpo llevaba entre 36 y 48 horas en el lugar, lo que sugiere que fue trasladado y abandonado con planificación y conocimiento del terreno.
A medida que avanzaron las averiguaciones, la investigación comenzó a centrarse en el entorno social de la joven. Los testimonios recolectados indicaron que Érika tenía graves problemas de adicción y que frecuentaba un circuito nocturno donde se realizaban fiestas electrónicas en las que circulaban drogas y participaban empresarios, profesionales y personajes con alto poder adquisitivo. En ese ambiente comenzó a repetirse un apodo: “El Militar”. Los testigos coincidieron en que se trataba de un hombre vinculado al negocio de la seguridad privada y que se movía en Yerba Buena.
El dato cobró aún más relevancia cuando se supo que el último mensaje que envió la joven a su hermana fue justamente desde esa ciudad. Esa pista derivó directamente en Felipe Sosa, un ex integrante del Ejército Argentino que también formó parte de la Legión Extranjera Francesa y que, tras dejar la carrera militar en 2008, se dedicó al rubro de la seguridad privada en Tucumán. En 2009 fundó su propia empresa, Seguridad Objetiva, y comenzó a prestar servicios para importantes firmas citrícolas y compañías de transporte de caudales.
Su perfil, sin embargo, volvió a quedar en el centro de la escena en junio de 2023, cuando la Policía descubrió 36 plantas de marihuana en su vivienda. Aunque en ese momento Sosa alegó tener habilitación para autocultivo medicinal, el procedimiento coincidió con denuncias de violencia de género realizadas por su ex pareja y con sospechas de que su empresa de seguridad estaba siendo utilizada para el blanqueo de dinero. Según trascendió, la ex mujer es hija de un reconocido empresario tucumano del sector del transporte y el vínculo habría generado una red de contactos con fuerte presencia en el ámbito judicial y empresarial.
En el marco de la causa por el asesinato de Érika Álvarez, la fiscal María del Carmen Reuter ordenó una serie de allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán que terminaron comprometiendo a Sosa. Cuando los investigadores fueron a buscarlo a su domicilio declarado, el sospechoso ya no se encontraba allí. Horas después se allanó su casa en Yerba Buena, donde se secuestraron elementos que podrían vincularlo con el crimen. Al advertir que estaba siendo investigado, Sosa huyó de la provincia el martes 6 de enero a bordo de una moto KTM 1290 S valuada en 50 millones de pesos.
La fuga activó un operativo especial en Buenos Aires y, tras el trabajo conjunto de la Policía de Tucumán, la Bonaerense y la Federal, fue finalmente detenido en Pilar. Circulaba con ropa y su pasaporte, lo que hace presumir que podría haber intentado abandonar el país. Ahora, el fiscal Carlos Picón avanza con los trámites de extradición para que el acusado sea trasladado a Tucumán y formalmente imputado por el asesinato.
El caso, no obstante, sigue abierto. Los investigadores buscan determinar si Sosa actuó solo o si contó con cómplices para trasladar el cuerpo y deshacerse de pruebas. También intentan establecer si el crimen está vinculado al narcotráfico y al circuito de fiestas electrónicas en el que se movía la joven.
Las hipótesis que se manejan son tres: que la muerte se haya producido por un exceso de consumo en una fiesta privada en Yerba Buena, que la víctima haya sido asesinada para silenciarla por conocer detalles de una red de venta de drogas o que formara parte de esa organización y haya cometido un error o traición.
En paralelo, se analiza la estructura de la empresa Seguridad Objetiva y su eventual rol en maniobras de lavado de dinero. Si surgen indicios firmes en ese sentido, la causa podría pasar a la justicia federal.
Más leídas hoy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más leídas en la semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10