¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
Domingo 25 de Enero de 2026, 07:36
El crimen de Érika Antonella Álvarez está atravesado por la droga. La víctima, doblemente vulnerable por sus adicciones, se movía en un “ambiente pesado”, donde una traición o saber más de la cuenta se paga con la vida. Si bien ya fue procesado Felipe “El Militar” Sosa como presunto autor del hecho, aún queda mucho por investigar, especialmente la línea narco que surgió en la causa.
En los últimos tiempos se registraron en la provincia varios homicidios vinculados al tráfico y la comercialización de drogas (se informa por separado). “A ella la mataron porque la querían callar”, es la frase que más repitieron en los últimos días sus familiares. Varios testigos que declararon en la causa la vincularon con un tal “Carlos” o “El Paraguayo”, que sería narcotraficante, y con Sosa, a quien señalaron como proveedor del éxtasis que se vende en fiestas electrónicas.
Las personas no sólo aportaron esos datos, sino que también dejaron en claro que sentían terror. “Ese es uno de los problemas con los que nos enfrentamos en estos casos: los testigos temen represalias”, sostuvo un pesquisa. Esa barrera que impone el miedo podría ser superada con el uso de tecnología, pero en Tucumán todo se vuelve más lento por la falta de ese tipo de herramientas. Por ejemplo, conocer el resultado de una comparación genética puede demorar hasta 30 días.
En cualquier investigación compleja, la información que surge de un teléfono celular termina siendo clave. Para acceder a esos datos, un fiscal debe solicitar una autorización a un juez, quien enviará un oficio a la compañía prestadora del servicio. Ese pedido llega a los departamentos legales de las empresas, que, en caso de aceptar lo requerido, brindan la información 72 horas después de iniciado el trámite. Existe un sistema para extraer datos de los dispositivos, pero su análisis puede extenderse durante semanas e incluso meses.
Las escuchas telefónicas tampoco se realizan en tiempo real. Por orden judicial, las conversaciones se graban y luego son entregadas en dispositivos de almacenamiento para su análisis. “A veces estamos tras los pasos de una banda que transporta drogas. Podemos enterarnos del envío de una carga 24 horas después de que iniciaron el viaje”, indicó un integrante de una fuerza federal.
“Las investigaciones de los crímenes narcos, como tantos otros que derivan directamente de la industria del delito, no llegan a buen puerto”, sostuvo Patricio Char, penalista con un máster en política criminal. “La razón es que existe una actividad delictiva previa que debe ser investigada y combatida”, añadió.
Su colega Aníbal Paz señaló: “Los delitos vinculados al narcotráfico presentan una complejidad estructural mucho mayor para su investigación. Son organizaciones que manejan recursos económicos importantes, redes de protección, mecanismos de encubrimiento, tercerización de la violencia y estructuras diseñadas específicamente para dificultar la trazabilidad penal. Todo eso hace que su esclarecimiento sea objetivamente más difícil que en delitos comunes”.
“El problema no está en las personas, sino en las condiciones en las que deben trabajar”, sostuvo el abogado Javier Lobo Aragón (h). “Muchas veces faltan herramientas de inteligencia criminal, tecnología adecuada, información previa y una planificación sostenida que permita anticiparse al delito. A eso se suma el miedo en determinados sectores: vecinos que ven o escuchan cosas, pero no se animan a hablar por temor a represalias, lo que deja a los investigadores sin datos clave”, agregó en una entrevista con La Gaceta.
Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez, también opinó sobre el tema. “Creo que hay dos elementos clave: primero, la corrupción policial y, después, la falta de una política clara del Poder Judicial para avanzar en este tipo de casos”, sostuvo. El profesional anunció que presentará una denuncia en la Justicia Federal para que se investigue la línea narco del caso, si es que el Ministerio Público no lo hace.
Los penalistas consultados también plantearon posibles salidas al problema. “La respuesta no puede ser sólo punitiva ni reactiva. Se necesita una política criminal integral: prevención real, inteligencia criminal seria, fortalecimiento institucional, control del lavado de activos y una decisión política firme de atacar la estructura económica del narcotráfico. Mientras el negocio siga siendo rentable y protegido, la violencia va a continuar”, sostuvo Paz.
Lobo Aragón (h) coincidió con su colega y agregó: “Acá no operan grandes carteles con control territorial, y justamente por eso estamos a tiempo de evitar que el problema crezca. Es fundamental invertir en prevención, inteligencia y una presencia real del Estado en los barrios, antes de que el delito se consolide. El narcotráfico no se combate sólo reaccionando después del hecho, sino anticipándose”.
Garmendia sostuvo que la Justicia de Tucumán también debe profundizar la política que viene llevando adelante. “La ley de narcomenudeo está vigente desde hace más de tres años y, que sepamos, no existe una base de datos sobre quiénes venden, dónde actúan y quiénes son sus proveedores. Esos informes son fundamentales para avanzar contra este delito”, concluyó.
Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
Desde hace más de 20 años, las muertes vinculadas al consumo y al tráfico de drogas ocupan un lugar central en las crónicas policiales. Adictos asesinados por transas; enfrentamientos mortales por el control territorial; venganzas cruentas; y homicidios cometidos durante robos de estupefacientes forman parte de una problemática asociada al avance del narcotráfico en la provincia, un fenómeno que se replica a nivel regional y nacional.
Sin embargo, en la historia reciente se registraron casos que dejaron al descubierto el poder de estas organizaciones para cometer crímenes y condicionar investigaciones. Algunos fueron esclarecidos; otros permanecen impunes.
El caso Mansilla
Adrián Mansilla fue secuestrado en agosto de 2003 en la zona de la ex Terminal de Ómnibus por un grupo de hombres. Dos meses después, a partir de la declaración de un testigo arrepentido, la Policía halló su cuerpo enterrado en un paraje conocido como Sauce Guacho. Por el crimen fueron detenidas y condenadas siete personas, entre ellas Miguel Ángel “Piki” Orellana, hermano de los históricos dirigentes de Famaillá.
Si bien hubo condenas, el móvil del homicidio nunca quedó del todo claro. La principal hipótesis sostuvo que Mansilla, empleado de Orellana, le habría robado dinero a su jefe, aunque siempre se mencionó que en realidad se habría quedado con al menos medio kilo de cocaína.
El caso tuvo derivaciones polémicas: los familiares de la víctima alcanzaron un acuerdo económico con Orellana y dejaron de ser querellantes pocos días antes del inicio del juicio. Además, los policías que dirigieron la investigación fueron pasados a retiro sin mayores explicaciones, mientras que otros efectivos fueron reubicados en áreas ajenas a su especialización.
Mortal emboscada
El 30 de marzo de 2015, los sargentos de policía Alberto Antonio Valdez y Ángel Ernesto Véliz, pese a no estar de servicio, acudieron al llamado de un vecino que alertó sobre una situación sospechosa en el ingreso a un pueblo. Al llegar, fueron acribillados a balazos.
Por el hecho fueron detenidas tres personas. La fiscala Adriana Reinoso Cuello sostuvo la teoría de que los policías habían descubierto una operación de compra de drogas. En el juicio se confirmó parcialmente esa hipótesis, aunque se determinó que sólo uno de los acusados había participado.
El imputado Sebastián Jaime aseguró que los autores materiales del crimen fueron Nicolás Orellana y Samuel Morales, hijo y ex yerno de “Piki” Orellana, respectivamente. El tribunal condenó únicamente al testigo que aportó el dato clave y ordenó profundizar la investigación sobre los nuevos señalados. Sin embargo, esa línea nunca avanzó, aunque cobró fuerza tiempo después cuando Morales fue procesado por venta de drogas en la Justicia Federal.
Horrendo hallazgo
El 14 de febrero de 2018, Cynthia Moreira salió de su casa para asistir a una despedida de soltero. Días más tarde, su cuerpo fue hallado en el fondo de una vivienda abandonada de Villa Alem. La joven trans fue asesinada a golpes, descuartizada, colocada en una bolsa de residuos negra y abandonada en el lugar.
En la investigación también se exploró una posible conexión narco. El único detenido tenía vínculos con el clan Díaz, una organización relacionada con el narcomenudeo en la zona. Sin embargo, ante la falta de pruebas, fue absuelto en un juicio que dejó en evidencia falencias investigativas.
En La Invernada
El 12 de marzo de 2021, un grupo de personas ingresó a la vivienda de Víctor Hugo Brito, donde lo torturaron y lo ejecutaron de un disparo en la nuca. Minutos después, interceptaron a su hijo Gonzalo, de 19 años, cuando se desplazaba en un Volkswagen Gol.El joven fue llevado a un cañaveral, asesinado de un disparo en la cabeza y dejado dentro del vehículo, que luego fue incendiado.
Aunque la familia descartó una vinculación con el narcotráfico, el fiscal Miguel Varela reunió indicios que sostienen esa hipótesis. Investigó a narcos condenados en el sur tucumano, vinculados a la venta de drogas en Alberdi, y continúa solicitando recursos para ampliar la pesquisa a otras provincias.
Según consta en la causa, las víctimas podrían haberse quedado con la carga de un vuelo narco o haber incumplido un acuerdo por una importante cantidad de estupefacientes. Es el único expediente que sigue activo.
Otro doble crimen
Esta localidad es un punto neurálgico de la denominada “Ruta de los Valles”, el corredor donde se secuestró la mayor cantidad de cocaína durante 2025. En marzo de 2022 fueron asesinados en Las Mesadas Luis “Chano” de la Vega y su hijo Facundo.
El cuerpo del mayor fue hallado el 25 de febrero en un paraje de Santa Lucía; el del joven, al día siguiente, a pocos metros del lugar donde se encontró a su padre. La fiscala Mónica García condujo la investigación, en la que se analizaron diversas hipótesis, aunque ninguna pudo ser probada. Algunas versiones indicaron que “Chano” habría brindado apoyo logístico a bandas que trasladaban drogas por esa ruta. El doble crimen continúa impune.
Sin novedades
Hace casi un año, Manuel “Chuky” Zárate fue visto por última vez. El joven, que padecía graves problemas de adicción, habría robado el celular a un transa de Aguilares, quien presuntamente ordenó su asesinato. Desde entonces, no se volvió a saber de él.
Después de varios meses, la causa pasó a manos del fiscal Diego Hevia, quien subroga una fiscalía de Concepción. Los familiares del desaparecido -que aseguran seguir recibiendo amenazas por reclamar el esclarecimiento del hecho- denunciaron la existencia de un manto de protección policial y política en torno al caso. /La Gaceta