Paso a paso, cómo hizo la justicia para vincular a El Militar Sosa con el crimen de Erika Alvarez

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal expuso los elementos que condujeron a Sosa a convertirse en el principal sospechoso. El nombre del imputado surgió a partir del testimonio de Milena Álvarez, hermana de la víctima, quien relató que Érika mantenía encuentros frecuentes con un hombre al que conocía como “El Militar”. 

Según declaró, se trataba de reuniones espontáneas en una vivienda de Yerba Buena, donde —de acuerdo a lo que la propia víctima le había contado— se realizaban fiestas electrónicas con consumo de drogas, circulación de armas y presencia de personas con alto poder adquisitivo.

El auxiliar de fiscal Guillermo Giordano detalló que la hermana de Érika aportó un dato decisivo: la joven no contaba con datos móviles en su celular y sólo se conectaba a internet mediante redes wifi. Por esa razón, en varias oportunidades había pedido a Milena que solicitara vehículos de aplicaciones de transporte para trasladarse hasta la casa de Sosa, dirección que quedó registrada en su teléfono.

Ya iniciada la investigación, los hermanos de la víctima recordaron que Érika tenía una cuenta de Netflix propia. A partir de ese dato, lograron acceder a su cuenta de Google asociada al celular —que aún no fue hallado— y, mediante la función de localización, comprobaron que la última conexión se registró el 7 de enero a las 3.12, con una ubicación coincidente con el domicilio del imputado. Esa información derivó en un rastreo digital más amplio y en la solicitud de allanamientos en distintos inmuebles vinculados a Sosa.

También se halló un comprobante de extracción bancaria por ocho millones de pesos, fechado el 8 de enero de 2026. En otro domicilio, la ex esposa de Sosa informó que el hombre ya no residía allí y que había viajado a Buenos Aires. La pesquisa permitió establecer que el mismo día en que fue encontrado el cuerpo de Érika, el acusado había adquirido una motocicleta de alta gama, lo que activó un operativo conjunto con fuerzas bonaerenses para concretar su detención.

Con ese caudal probatorio, el fiscal de Homicidios de Feria, Carlos Picón, junto a Giordano, imputaron a Sosa por homicidio simple y solicitaron la prisión preventiva. En su argumentación, señalaron que se trató de un hecho de extrema violencia, cometido en un contexto de marcada desigualdad entre la víctima y el acusado, quien contaría con preparación militar. El querellante Carlos Garmendia acompañó el planteo y advirtió que la causa podría ampliarse a medida que avance la investigación.

La defensa, integrada por Marcelo Cosiansi, Rubén Flores, Isaías Díaz Romero y Sergio Díaz Juárez, rechazó la imputación y cuestionó el pedido de detención. Sostuvieron que existen otras hipótesis que no habrían sido profundizadas, como la de una ex pareja denunciada por violencia de género o la de un presunto narcotraficante extranjero mencionado en testimonios. También criticaron la exposición mediática del caso y el operativo de traslado del imputado.

Tras un cuarto intermedio, el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva por seis meses. La causa continuará su curso mientras se profundiza la investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar si existen otros responsables.