Las denuncias contra Julio Iglesias por delitos sexuales y trata de personas ahora podrían avanzar en República Dominicana

Lunes 26 de Enero de 2026, 20:45

Las denuncias presentadas en España contra Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual por parte de dos mujeres empleadas en República Dominicana y Bahamas, que fueron archivadas en ese país por falta de jurisdicción, podrían ser aceptadas por la Justicia dominicana.
Una de las denunciantes es de nacionalidad dominicana, al igual que el cantante, que posee esa ciudadanía desde 2005, “por lo que evidentemente el caso es de competencia de la República Dominicana”, dijo el jurista dominicano Cándido Simón.
“La jurisdicción competente es República Dominicana, donde supuestamente se cometieron los hechos”, sostuvo el abogado Simón, quien calificó de “correcta” la decisión adoptada por la Fiscalía española en ese sentido.
Una de las denunciantes era empleada doméstica del cantante y la otra su fisioterapeuta. Ambas aportaron a la denuncia documentos laborales, fotos, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero y, días después, el 16, la Fiscalía les otorgó la condición de testigos protegidos. Están representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
Tras conocerse la denuncia, el artista de 82 años aseguró que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer” y pidió el archivo de la presentación realizada por sus dos exempleadas, pero la Fiscalía rechazó su petición.
La Fiscalía española concluyó el viernes en que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pudiera investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una “conexión material con España”, por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
Las organizaciones que asesoran a las denunciantes, Women’s Link y Amnistía Internacional, cuestionaron la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación y afirmaron que "seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles".

A través de un comunicado, las ong consideraron "lamentable" la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la investigación por los delitos de trata, trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual y lesiones.
En ese marco, señalaron que la justicia española ahora "pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que (las denunciantes) incluyeron en su denuncia" y apuntaron que "no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes".
En una crítica a los principios de soberanía, las ong señalaron que "la idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias". /Clarín

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