Jueves 29 de Enero de 2026, 20:57
La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez avanza sobre una trama cada vez más compleja y sensible, que excede el hecho puntual de su muerte y pone bajo la lupa un entramado de vínculos, reuniones privadas, consumo de drogas y posibles conexiones con sectores del poder y el hampa. Lo que inicialmente fue presentado como una actividad vinculada al trabajo de “dama de compañía” derivó en una línea investigativa mucho más profunda, marcada por encuentros clandestinos, excesos y amenazas previas.Según consta en el expediente judicial, la joven frecuentaba una vivienda alquilada en El Cadillal, utilizada como punto de reunión para encuentros privados. El locatario de esa propiedad sería C. F. B., alias “El Mayor”, señalado como un narco paraguayo de peso en la región, con quien Érika mantenía un vínculo sentimental. De acuerdo a la causa, en ese lugar se habrían realizado reuniones reservadas en las que circulaban drogas y participaban distintas personas, algunas de ellas aún no identificadas formalmente por la Justicia.
Los investigadores intentan reconstruir con precisión el rol que cumplía la víctima en ese entorno y los vínculos que fue tejiendo en los meses previos a su muerte. La hipótesis central es que esos encuentros no eran aislados ni ocasionales, sino parte de un circuito más amplio de relaciones atravesadas por el consumo de sustancias, el sexo y el poder.
En paralelo, la figura de Felipe “El Militar” Sosa, principal acusado por el crimen, ocupa un lugar central en la pesquisa. Durante las audiencias, el propio Sosa reconoció haber consumido drogas junto a la víctima. “Con el perdón de la familia, con ella nos juntábamos a consumir”, declaró ante el tribunal, una frase que quedó incorporada al expediente y reforzó la línea investigativa vinculada a ese ambiente.
Los investigadores sostienen que Sosa tenía una marcada preferencia por encuentros sexuales grupales, particularmente tríos, y no descartan que Érika haya sido convocada a una de estas reuniones en el domicilio de Yerba Buena, donde finalmente se habría producido el homicidio. La sospecha es que el crimen pudo haberse desencadenado en ese contexto de intimidad, consumo y tensión, aunque aún no se determinó si se trató de un hecho premeditado o de una situación que escaló de manera violenta.Otro elemento clave que suma gravedad a la causa son las amenazas previas. Familiares de Érika declararon que la joven les había manifestado miedo en los días anteriores a su muerte, tras recibir mensajes intimidatorios enviados por una mujer cuya identidad aún no fue esclarecida. Ese dato es considerado crucial por la querella, que sostiene que la víctima ya se sentía en riesgo y que su entorno inmediato no era seguro.
Ante este escenario, los abogados querellantes solicitaron que se identifique y se convoque a declarar a todas las personas que participaron de esas reuniones privadas, tanto en El Cadillal como en Yerba Buena. El objetivo es determinar si el móvil del crimen surgió en el marco de esos encuentros y si existen responsabilidades compartidas, encubrimientos o presiones posteriores.
Mientras la causa avanza, el crimen de Érika Álvarez sigue exponiendo una trama oscura donde confluyen drogas, sexo, miedo y poder, y que podría derivar en nuevas imputaciones a medida que se esclarezca quiénes formaban parte de ese círculo cerrado que rodeaba a la víctima en los días previos a su muerte.
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