Jaldo espera que el empresario que robó agua a los vecinos de Yerba Buena para regar su finca reciba la pena máxima
Jueves 03 de Octubre de 2024, 05:18
EVIDENCIA. Esta es la laguna que el empresario Juan Zamora alimentó rompiendo un caño que abastece de agua a miles de vecinos de Yerba Buena.El gobernador Osvaldo Jaldo fue tajante al explicar los motivos de su decisión de presentar a la Provincia como querellante en la causa que investiga el robo de agua mediante su acumulación en una laguna artificial, provocando un grave perjuicio a miles de vecinos de Yerba Buena.
El mandatario pidió que se tome conciencia de la gravedad del caso, al que calificó como gravísimo, considerando "que no puede quedar impune".
"No estamos a favor de ningún acuerdo, vamos a trabajar para que se aplique la máxima pena”, afirmó Jaldo, apuntando directamente al empresario propietario de la plantación citrícola que se beneficiaba de la captación ilegal de agua para consumo humano.
Según la acusación del auxiliar Rodrigo Bilbao, bajo las órdenes de la fiscal María del Carmen Reuter, el acusado Juan Zamora, con la ayuda de personal especializado, en mayo de 2023rompió la cañería central de la toma que está en el río Las Piedras y que lleva el líquido a la cisterna de Lomas de Imbaud de la Sociedad Aguas del Tucumán.
Luego de provocado el daño, se valió de eso para establecer una conexión clandestina que alimentó la represa instalada en su propiedad, afectando el normal abastecimiento del servicio público de provisión de agua potable en ese municipio.
El martes se desarrolló la audiencia en su contra, aún cuando el imputado se encuentra en Roma, en la que el asistente fiscal detalló que la investigación comenzó el 24 de septiembre a raíz de una denuncia realizada por los profesionales de la SAT que descubrieron el ilícito mientras buscaban la causa de un faltante de agua.
Tras una semana de búsqueda, no solo hallaron las pruebas para acusar penalmente a Zamora, sino también para aventurar que después de haber salido a la luz el caso, el productor habría intentado encubrir el delito.
Bilbao pidió que Zamora sea acusado de robo agravado y de usurpación de agua, pedido secundado por los representantes legales de la SAT, Valeria Abdo y Walter Ojeda, y rechazado por los defensores Camilo Atim, Juan Pablo Di Lella y Pablo Campero Romano.
El juez Federico Moeykens determinó que Zamora por los cargos de robo simple, agrtavado por haber perjudicado a miles de usuarios, delito que abre la posibilidad de una pena de un mes a seis años de prisión.
Por la gravedad del caso, el magistrado ordenó medidas en contra de Zamora para asegurar la investigación y evitar que el sospechoso eluda el accionar de la Justicia.
En primer lugar, deberá presentarse ante las autoridades el 11 de octubre, por lo que tendrá que interrumpir el viaje de negocios que realiza en Europa, quedando impedido de salir del país sin autorización, y bajo observación para evitar maniobras que obstruyan la investigación.
Le fue impuesta también una caución de $ 100 millones para que permanezca en libertad mientras avanza la instrucción, con la advertencia de que si no cumple con lo señalado, podría terminar detenido.
Para los defensores, la resolución que tomó Moeykens les dio la posibilidad de una salida alternativa, contemplada en el artículo 13 del código procesal penal, que permite llegar a un acuerdo con una probation o suspensión de juicio a prueba, aceptando el pago de una reparación económica para evitar el proceso convencional.
Pero tanto el representante del Ministerio Público como la querella aspiran a que Zamora sea condenado por el delito por el que fue acusado.
“Nuestros abogados no recibieron ninguna instrucción para que lleguen a un acuerdo. Queremos ir hasta las últimas consecuencias. Este tipo de hechos no se pueden permitir más y deben ser sancionados”, afirmó el titular de la SAT, Marcelo Caponio.
“Es importante aclarar que esto es sólo una denuncia penal; también vamos a reclamar una reparación económica”, agregó el funcionario.
Si bien no trascendió cual será la postura de la fiscal Reuter, si se dejó saber desde el Ministerio Público Fiscal que la decisión de su titular Edmundo Jiménez es que Zamora reciba una condena que sirva como ejemplo ante el perjuicio que le generó a unos 7.000 usuarios de Yerba Buena.
Claro que todas estas versiones cedieron cuando durante el mediodía del miércoles se informó que la Provincia ejercerá el rol de querellante en el caso.
“El robo y el desvío de cursos de agua no solo constituyen un ataque directo a los bienes del Estado, sino que también atentan contra el derecho de la población a acceder a un recurso esencial para su vida y desarrollo. Estos actos ilegales perjudican la integridad de los ecosistemas locales, comprometen la calidad de vida de las comunidades y socavan la capacidad del Estado para cumplir con su función de garantizar un entorno saludable y sostenible”, argumenta el escrito elevado a la fiscalía de Reuter por Leonardo Debono, director judicial de la Fiscalía de Estado.
“Nuestra presentación obedece a la necesidad de buscar y sancionar a los responsables de estos graves delitos, sean particulares o funcionarios públicos de cualquier esfera, porque consideramos imprescindible llevar a fondo este tipo de investigaciones penales para la máxima protección del interés general en tanto la necesidad de fomentar un uso sostenible de los recursos hídricos en nuestra jurisdicción”, expuso en el documento.
La decisión de Jaldo tomó por sorpresa a los allegados de Zamora y a sus defensores, quienes por estas horas analizan modificar la estrategia defensiva, ante la evidencia de que para el gobierno, este caso debe ser usado como un ejemplo, lo que complica la situación procesal de Zamora.
Los letrados del Estado ya pidieron a la fiscalía que revise el accionar del productor ante la posible consideración de otros delitos, ya que pretenden que se lo investigue por accionar contra la seguridad del servicio público, estrago público, violación de la Ley General del Ambiente y un posible por daño ambiental.
La acción judicial contra Zamora es provisoria, lo que implica que con el correr de los días, las partes pueden pedir que se agrave la acusación, lo que podría conducir a un pedido de detención efectiva en contra del productor citrícola.
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