Jueves 06 de Marzo de 2025, 21:00

Kristalina Gueorguieva, titular del FMI, y el presidente Javier Milei.
El Gobierno anunció esta tarde que “dictará y remitirá al Congreso nacional” un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscar posteriormente el apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores. La administración del presidente Javier Milei dijo que aspira a conseguir un “compromiso urgente” del Parlamento. “Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”, informó la Oficina del Presidente.
“El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, sostuvo el Gobierno en el comunicado oficial. El propio Milei había afirmado ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo: “Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que
en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario”.
“Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias”, indicó la administración libertaria. “
No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores”, agregó el comunicado oficial.
Está prácticamente cerrado, coincidieron este jueves más temprano en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, cuando la consulta giraba alrededor del “inminente” acuerdo del gobierno con el FMI. Negociaciones que para el organismo continúan “de manera constructiva”, según expresó la directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack.
Más allá de las buenas intenciones que verbalizan desde ambas partes,
el acuerdo deberá pasar –en virtud de la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández por el exministro de Economía Martín Guzmán– sí o sí por el filtro del Congreso. Esa ley se sancionó con el objetivo de que no se repitiera un endeudamiento como el que gestionó ante el FMI el gobierno de Mauricio Macri sin aprobación del Parlamento.
Tras las críticas que recibió por el acuerdo con Macri, el FMI se manifestó en reiteradas oportunidades en favor de que las negociaciones con la Argentina tengan respaldo del Congreso. Hoy, Kozack reiteró que “una fuerte apropiación y un amplio apoyo son clave para el éxito del programa”. Con todo, sí se preocupó en remarcar que la decisión de enviar el acuerdo al Congreso era de las autoridades, en línea con la ley argentina, y no un pedido específico del Fondo.
Fuentes con acceso al debate interno, que impulsaron con éxito la salida vía DNU, afirman que
la manera de “sortear” el escollo que supone la “ley Guzmán” es que el acuerdo con el FMI no se trata de un “nuevo endeudamiento”, sino de una “refinanciación” de deuda existente, en este caso de los “pasivos del Banco Central” que tiene el Tesoro nacional. Algo así como “pagar deuda vieja con deuda nueva”, según explica otra fuente oficial, en relación a rumores que hablan de los cerca de U$S 20.000 millones que llegarían desde el organismo internacional de crédito. Fue el mismo argumento que utilizaron el año pasado con el DNU que habilitó al ministro Caputo a renegociar deuda sin pasar por el Congreso y, lo que es lo mismo, sin atarse a las condiciones de la “ley Guzmán”.
De todos modos, un DNU resolvería la imposibilidad del oficialismo de lograr la aprobación legislativa, sobre todo en el Senado y con la previsible oposición del bloque kirchnerista que encabeza José Mayans y responde a la expresidenta Cristina Kirchner. “En Diputados los votos están”, afirma otra voz oficial. La eventual discusión del DNU en la comisión bicameral encargada de tratarlo reemplazaría el debate en la comisión de Presupuesto, más allá de que su titular en Diputados, el libertario José Luis Espert, se mostró dispuesto a tratar el eventual proyecto ni bien ingrese a la Cámara baja.
Las fuentes recuerdan que,
según la reglamentación aún vigente, es necesario el rechazo explícito de ambas cámaras para que un DNU deje de tener vigencia. Ya en enero, cuando corrió el rumor de que el Gobierno evaluaba no enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, distintas voces opositoras se alzaron para criticarlo. /
La Nación
Más leídas hoy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más leídas en la semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10