Martes 15 de Abril de 2025, 06:23

CITADO. El actual rector de la UNT Sergio Pagani deberá declarar en el juicio que ventila la corrupción en la casa de Altos Estudios.
En el marco del juicio oral que se sigue en la Justicia Federal contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, acusado de administración fraudulenta en la ejecución de obras con fondos mineros entre 2006 y 2009, el tribunal aceptó la incorporación de tres informes clave solicitados por su defensa, lo que podría impactar directamente en la estrategia argumentativa de los acusados.Los documentos fueron presentados por las abogadas defensoras
Silvia Peyracchia y
Rosa Luz Casen, quienes solicitaron al presidente del Tribunal Oral Federal,
Jorge Alejandro Basbús, que sean sumados como prueba. Se trata de estudios que refieren al fallido proyecto de Ciudad Universitaria en San Javier, el cual, según consta en resoluciones del Consejo Universitario de 1965, fue abandonado por su aislamiento geográfico y los altos costos operativos.
Los textos incluyen un informe histórico sobre el equipamiento edilicio de la UNT, otro con planos, croquis y láminas de archivo descubiertos en 2023, y un análisis técnico elaborado por el secretario de Planeamiento Sergio Mohamed sobre los edificios inconclusos en San Javier. La defensa sostiene que estas evidencias respaldan la tesis de Cerisola de que los fondos provenientes de YMAD debían ser utilizados para toda la estructura universitaria, y no exclusivamente para continuar con el proyecto en el cerro.
La inclusión de estos documentos fue acompañada por los abogados de los otros imputados:
Alfredo Falú (por
Olga Cudmani),
Víctor Taleb (por
Luis Fernando Sacca) y
Pamela Tenreyro (por
Osvaldo Venturino). Sin embargo, el pedido fue resistido por el Ministerio Público Fiscal, representado por
Pablo Camuña y
Lucía Doz Costa, así como por el querellante en representación de la UNT,
Patricio Esperguín. Argumentaron que dichos informes no guardan relación directa con los desvíos de fondos que se investigan en la causa.
Pese a ello, el tribunal —compuesto por los jueces Ana Carina Farías (Santiago del Estero), Enrique Lilljedahl (Catamarca) y Basbús— resolvió aceptar el pedido. Se librará oficio a la Universidad Nacional de Tucumán para que remita copias autenticadas de los documentos, que podrán ser utilizados por las defensas en la etapa de alegatos.Durante la jornada también prestó declaración el ingeniero civil
Luis Rafael Antolini, perito propuesto por la defensa de Olga Cudmani. Su exposición se centró en responder al extenso informe presentado por el perito de la Corte Suprema,
Francisco Pedro Guzmán, quien durante cinco audiencias detalló lo que consideró “anomalías e irregularidades” en la ejecución de 13 obras financiadas con utilidades de YMAD.
Antolini aclaró que, si bien coincidió en muchos aspectos con Guzmán, presentó sus propios análisis de precios y marcó diferencias metodológicas. Cuestionó los presupuestos de Gendarmería utilizados como referencia por carecer, según dijo, de documentación completa. No obstante, valoró el trabajo de Guzmán como “colosal”, y destacó que en varias de las obras analizadas se otorgaron anticipos financieros del 30%, lo que —a su juicio— podría haber evitado perjuicios patrimoniales para la universidad.
La audiencia continuará con la declaración de tres testigos:
Mónica Labastida, ex secretaria de Planeamiento;
José Hugo Saab, actual secretario general de la UNT; y
José Luis Vázquez, ex decano de la Facultad de Derecho. También fue confirmada la citación del actual rector, el ingeniero
Sergio Pagani.
El presidente del tribunal adelantó que se prevé el inicio de los alegatos para el mes de mayo, aunque aún restan testimonios y la incorporación de pruebas documentales.
Cerisola enfrenta cargos por desvío de fondos que la UNT recibió en concepto de utilidades mineras del yacimiento Bajo La Alumbrera, específicamente por haber utilizado ese dinero para obras no contempladas legalmente, y por apartarse del régimen nacional de Obras Públicas. La causa se convirtió en un caso emblemático sobre el uso de fondos públicos en instituciones educativas del país.
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