Domingo 08 de Junio de 2025, 06:48

ACCIONES JUDICIALES. Los colegios de profesionales de Tucumán se unificaron para expresar una oposición que en algunos casos llegó a los estrados judiciales.
El Colegio de Psicólogos de Tucumán presentó un recurso de amparo contra la Resolución 1641/25 del Ministerio de Salud de la Nación, que centraliza el proceso de matriculación de los profesionales de la salud a nivel nacional. La medida fue calificada como inconstitucional por las autoridades del Colegio, que denuncian una intromisión en las autonomías provinciales y advierten sobre riesgos para la salud pública.La normativa, emitida por la gestión nacional libertaria, propone reemplazar los sistemas provinciales de matriculación por una única credencial digital, permanente y válida en todo el país. Según la resolución, el objetivo es simplificar requisitos, garantizar estándares nacionales de competencia y eliminar la necesidad de trámites adicionales en cada jurisdicción. Desde la cartera sanitaria nacional afirman que los profesionales seguirán necesitando el aval de los colegios provinciales para ejercer en una jurisdicción específica, pero que la nueva matrícula evitará superposiciones innecesarias.
La respuesta en Tucumán no se hizo esperar. La Federación de Psicólogos de la República Argentina y el Colegio de Psicólogos local rechazaron enérgicamente la resolución. En su presentación judicial, las exautoridades del Colegio —
María Fabiana Lavaque y
Ana Valentina Golobisky— sostienen que la norma viola los artículos 121 y 125 de la Constitución Nacional, que reconocen la autonomía de las provincias. Argumentan que desconoce el rol histórico de los colegios profesionales en la regulación ética, la formación continua y el resguardo de la calidad en la atención a la ciudadanía.
“Esta medida pone en riesgo la equidad entre profesionales y compromete los estándares éticos. Exigimos su urgente derogación”, señalaron Lavaque y Golobisky. El escrito también subraya que la nueva modalidad podría abrir la puerta al ejercicio ilegal, al debilitar los controles de matrícula locales.
El rechazo también se replicó en otros sectores. La presidenta del Colegio de Bioquímicos de Tucumán, Ángela González, cuestionó los argumentos del Gobierno sobre la supuesta burocracia de los trámites actuales. “Los procesos no son engorrosos. Se hacen rápido, son anuales y cumplen una función clave en el control profesional”, dijo. Como ejemplo, mencionó el caso reciente de un falso médico en Concepción, detectado gracias al seguimiento de matrícula por parte del Colegio.
En línea con estas críticas, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) advirtió que la medida desactiva el rol fiscalizador de los colegios, y traslada los controles éticos y legales al ámbito civil o penal. El síndico de la entidad,
Roberto González Marchetti, remarcó que “sin una reforma constitucional provincial, el decreto no puede aplicarse plenamente en Tucumán, donde los colegios tienen delegada la potestad de controlar matrículas”.
González Marchetti también señaló que si bien el nuevo sistema eliminaría el pago mensual de inscripción, esto podría facilitar el ingreso de profesionales no habilitados al sistema de salud, debido a la limitada capacidad del Estado nacional para fiscalizar a todos los trabajadores del país.
Por su parte, el titular de Feput,
Alberto Moyano, coincidió en que el sistema actual no es oneroso y brinda beneficios claros: respaldo institucional, capacitaciones, representación legal y cobertura social. Además, advirtió que limitar la matrícula al ámbito nacional podría afectar la movilidad profesional entre provincias y provocar un desajuste legal con los marcos regulatorios locales.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación insisten en que la nueva credencial digital garantiza una atención segura y responsable, y que “unifica los estándares sin suprimir la intervención de los colegios provinciales”. Sin embargo, el debate por su constitucionalidad y por el impacto real en el sistema sanitario federal sigue abierto y podría llegar a judicializarse en otras provincias.
Mientras tanto, el recurso de amparo presentado por el Colegio de Psicólogos de Tucumán será evaluado por la Justicia en las próximas semanas. El fallo podría sentar precedente para el resto del país en el marco de un conflicto que no es sólo administrativo, sino que pone en juego el federalismo, la ética profesional y la seguridad sanitaria.
Más leídas hoy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más leídas en la semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10