Alberdi: investigan a la empresa Giménez Consulting Groups por presunto lavado de activos

Martes 10 de Junio de 2025, 12:07

La Justicia avanza sobre funcionarios y empresarios. La trama de corrupción que sacude al sur tucumano.



Tras la revelación de un presunto entramado de corrupción, extorsión y lavado de dinero en el que estarían implicados ex funcionarios municipales, empresarios y concejales oficialistas, Alberdi se encuentra atravesando una profunda crisis institucional y judicial.

El foco principal de la investigación recae sobre Giménez Consulting Group, empresa constructora que habría recibido fondos millonarios del municipio para obras que, en varios casos, quedaron inconclusas o presentaron serias deficiencias. Según la investigación, la compañía habría sido contratada directamente para ejecutar, entre otras obras, la nueva maternidad municipal, por la cual recibió un pago de $15.000.000; sin embargo, vecinos denuncian que los cielorrasos se desplomaron tras la primera tormenta.

Además, Giménez Consulting Group fue adjudicataria de la remodelación del ex mercado municipal, una obra valuada en aproximadamente $400.000.000, la cual fue suspendida por falta de pago, convirtiéndose en el epicentro del escándalo.

La justicia federal, encabezada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, solicitó la detención del exintendente Juan Campos, su ex secretario de Hacienda José Roldán, y se investiga a la legisladora Sandra Figueroa, aunque no puede ser detenida por contar con fueros. También están bajo la lupa otras figuras locales, como un joven conocido como “el Toro” Flores, presunto empleado municipal e hijo de una exfuncionaria cercana a Campos, y el concejal oficialista Loro, vinculado a operaciones irregulares.

Sobre el caso

El caso también tiene derivaciones en la justicia ordinaria, que investiga delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, extorsión y encubrimiento. Se analiza la hipótesis de que Campos habría tenido conocimiento sobre delitos vinculados al narcotráfico, trata de personas y robos, y que no realizó las denuncias correspondientes.

Uno de los elementos más comprometedoras es un audio donde un hombre -presuntamente el empresario Jiménez- extorsiona al intendente, amenazando con denunciarlo si no renuncia a su cargo. Para la fiscal regional de Concepción, Mónica García de Targa, esto puede configurar un caso de coacción agravada.

Además de las contrataciones irregulares, surgen cuestionamientos sobre el rol de algunos concejales oficialistas. El edil Loro, por ejemplo, lideraba un grupo denominado “los chalecos verdes”, que realizaba tareas municipales con maquinaria y fondos que, según denuncias, le eran entregados directamente por el Ejecutivo. Esto constituiría una suerte de estructura paralela dentro del municipio, con sueldos y recursos públicos que no estaban debidamente rendidos ni justificados.

Intervención

La intervención del municipio, dispuesta por el gobierno provincial, abre un nuevo capítulo en esta historia. El interventor designado no solo deberá recomponer el funcionamiento institucional de Alberdi, sino también actuar como auditor, recopilando información clave sobre obras ejecutadas, fondos utilizados y contrataciones efectuadas. Sin embargo, se teme que un eventual allanamiento judicial interfiera con esta tarea, ya que podría retirar documentación clave de las oficinas municipales antes de que pueda ser auditada.

La situación jurídica es compleja: la justicia federal investiga presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico, mientras que la justicia provincial pone el foco en responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios implicados.

En este contexto, concejales opositores como Díaz Chavero y Díaz Augier habían solicitado informes detallados sobre las obras públicas antes del estallido del escándalo, pero su accionar quedó interrumpido tras la intervención del Concejo Deliberante. Ahora deberán iniciar nuevos trámites, esta vez como ciudadanos comunes, para obtener acceso a esa información. /La Gaceta