Una inesperada notificación de desalojo tiene en vilo a numerosas familias asentadas en una zona inundable de Alderetes
Jueves 10 de Julio de 2025, 05:04
EN VILO. Desde la ruta alternativa, así se ven algunas de las viviendas edificadas en zona inundable, según la advertencia que recibieron sus moradores, en formato de orden de desalojo por ahora, sin fecha.La tranquilidad de las familias que viven en el tramo Jerusalén de la ciudad de Alderetes se vio abruptamente interrumpida el pasado 2 de julio, cuando una docena de patrullas policiales y ambulancias se presentaron sin previo aviso para notificar una orden de desalojo emitida por la Fiscalía de Estado.
La medida, que abarca desde el puente Barros hasta calle San Martín de Porres y desde el margen del río Salí hasta la vera de la ruta Alternativa, fue solicitada por el director de la Unidad Ejecutora de Protección del Medio Ambiente y del Patrimonio Provincial, Hugo Vitale, en el marco de un procedimiento de auto tutela administrativa con auxilio de la fuerza pública.
Si bien la ejecución del desalojo quedó temporalmente suspendida, el temor y la indignación movilizaron a los vecinos, quienes acudieron primero a la Casa de Gobierno y luego a la Municipalidad en busca de respuestas. En total, unas 500 familias podrían verse afectadas, muchas de ellas con décadas de residencia en la zona.
El argumento oficial sostiene que las viviendas estarían ubicadas en una zona de riesgo hídrico por posibles desbordes del dique El Cadillal. Sin embargo, los vecinos niegan haber usurpado tierras del Estado y aseguran que la amenaza se cierne sobre todo Alderetes, y no únicamente sobre quienes viven junto al río. “Nos quieren desalojar, pero esto no es una toma reciente. Hay casas de material, con electricidad y hasta merenderos. Es un barrio consolidado”, reclamó Caterine Maltes, una de las residentes.
La notificación entregada a los vecinos indicaba que los terrenos eran bienes del dominio público del Estado provincial, por lo tanto “inembargables, inenajenables e imprescriptibles”, y que el Estado no reconocía derecho alguno de ocupación sobre los mismos. No obstante, el documento no establecía fecha para el desalojo, lo que generó pánico y desconcierto entre las familias, que temían un operativo inminente.
Las historias de vida en el barrio Jerusalén se repiten con tono de esfuerzo y sacrificio. María del Carmen Perea, residente desde hace más de 30 años, cuestionó la falta de previsión del Gobierno: “Nos dijeron que esto se iba a urbanizar, pero todo quedó en promesas. No hay red de agua ni internet, y en algunas zonas ni siquiera se permite instalar la electricidad. Pero vinieron intendentes que nos dijeron que nos quedáramos tranquilos. Ahora nos quieren sacar”.
Pese a que muchos presentaron documentos de compraventa, la Defensoría del Pueblo les informó que esos papeles no tienen validez legal. “No pedimos que nos regalen nada, solo que nos den la posibilidad de pagar por estas tierras y que se nos reconozca como propietarios”, insistió Maltes.
El miércoles posterior al operativo, los vecinos fueron recibidos por la intendenta Graciela Gutiérrez, quien se comprometió a interceder ante la Fiscalía de Estado y el gobernador Osvaldo Jaldo para frenar el desalojo y encontrar una solución. Por el momento, las autoridades pusieron en pausa la ejecución de la medida hasta que finalicen los actos oficiales por el 9 de Julio.
Desde el barrio advierten que no están dispuestos a irse sin una alternativa digna. “No tenemos a dónde ir. Construimos nuestras casas con nuestras manos, desarmando bultos de tierra, limpiando ladrillos uno por uno”, explicó María del Carmen Carabajal. “Hay chicos, adultos mayores, personas con discapacidad. No pueden venir de un día para el otro a arrebatarnos todo”.
Mientras el conflicto sigue latente, las familias esperan una respuesta concreta. “Solo queremos que el gobernador nos escuche. No somos ocupas. Somos trabajadores que hicimos nuestro hogar con mucho sacrificio”, concluyeron. La incertidumbre se mantiene mientras los vecinos resisten en sus casas, decididos a defender el derecho a permanecer donde forjaron su historia.
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