Este viernes, se dio a conocer su reglamentación.
El “Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud” (PROMESA), como se denominó, está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y propone una instancia de mediación optativa,
previa a la interposición una acción judicial, para controversias que
involucren a obras sociales, seguro de salud o medicina prepaga "a fin
de facilitar la solución consensuada, reducir la judicialización y
promover una respuesta institucional temprana y eficiente".
Esta herramienta, creada a través del Decreto 379/2025, requerirá de la figura de mediadores,
y según la resolución, "dada la especificidad de este tipo de
conflictos", tendrán que completar una capacitación y pautas "para los
exámenes de idoneidad que deberán realizar para contar con una formación
inicial adecuada, actualización continua y evaluación objetiva".
Se establece entonces que los aspirantes a mediadores deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Mediación con una antigüedad mayor a un año y no poseer sanciones vigentes al momento de la solicitud.
Para
garantizar la disponibilidad de profesionales aptos durante la etapa
inicial, se aclara que "por el plazo de un año, este requisito se
considerará cumplido para profesionales inscriptos en los registros
provinciales con una antigüedad mayor a un año en su registro provincial
respectivo".
¿Cómo se financiará?
El fondo de financiamiento tendrá a su cargo el pago del honorario al
mediador cuando el trámite finalice sin acuerdo. En los casos en los que
haya condena en costas en sede judicial, "el requerido deberá
reintegrar al fondo el honorario abonado al mediador". Para asegurar la
transparencia y el recupero, detalla la reglamentación, habrá convenios
con el Poder Judicial de la Nación para el seguimiento de las causas.
"En
un contexto donde la litigiosidad en materia de salud ha experimentado
un aumento significativo en los últimos años, retrasando soluciones y
multiplicando gastos la reglamentación del PROMESA reafirma el
compromiso del Gobierno nacional con una justicia eficiente y propone
una alternativa clara: menos tribunales, más acuerdos.
Se terminó el negocio de judicializar todo. La prioridad es que los
recursos lleguen a las personas, no a la burocracia", comunicaron desde
el Ministerio de Salud de la Nación.
En
el anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dio lugar a esta
herramienta se aclaró que la participación de las partes en las
audiencias de mediación en el marco del PROMESA requerirá de patrocinio o representación letrada y se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no cuenten con recursos suficientes.
Y que el procedimiento establece plazos breves (entre 5 y 7 días) para las actuaciones del mediador y para la realización de las audiencias.
¿Cómo se controlará su funcionamiento?
Las autoridades del Ministerio de Justicia y la Superintendencia de
Servicios de Salud designarán enlaces técnicos permanentes para
reuniones periódicas. "Deberán garantizar el intercambio de información,
el control de alertas sanitarias, la comparecencia del Estado nacional,
la cantidad de acuerdos y su cumplimiento, y el grado de
judicialización", se detalla.
La reglamentación también determina que incluso para casos ya judicializados, los magistrados podrán derivar las causas al PROMESA
de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso,
"siempre con el consentimiento expreso de la parte actora y una decisión
judicial motivada".
Para ampliar el alcance y el impacto del PROMESA, como explicaron desde Salud,
las entidades que brindan servicios de salud y que no hayan sido
alcanzadas por esta medida podrán adherir voluntariamente. Esas
entidades ejemplificaron, son las obras sociales provinciales o los
regímenes especiales, como IOSFA (brinda servicios de salud al Personal
Militar y Civil de las Fuerzas Armadas -Ejército Argentino).
Cuando se anunció el PROMESA, Salud informó que desde 2022 se produjo un aumento persistente en el número de amparos
iniciados donde intervino el Ministerio de Salud, registrándose en 2023
una suba porcentual del 20,62% respecto del año previo, mientras que en
2024 el aumento fue del 471,79% respecto al 2023. /Clarín
Será una instancia previa a la intervención judicial.
