A cuánto asciende y cómo se reparte la ayuda social que distribuye el gobierno de Jaldo
Lunes 14 de Julio de 2025, 10:18
AYUDA SOCIAL. Se estima que más de medio millón de tucumanos recibe algún tipo de asistencia estatal para resistir la crisis económica y social.Entre enero y junio, el Gobierno de Tucumán destinó más de $ 52.800 millones a fortalecer la seguridad alimentaria en todo el territorio. La inversión —financiada en un 95% con recursos propios— abarca una amplia red de programas que incluye desde comedores escolares y cocinas comunitarias hasta la tarjeta Alimentaria Independencia, recientemente creada para evitar intermediaciones y dar mayor autonomía a los beneficiarios.
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, sostuvo que la decisión de intensificar el acompañamiento alimentario fue tomada apenas iniciada la actual gestión, en octubre de 2023. “Nosotros advertimos este escenario y decidimos actuar. Hay que preguntarse qué habría pasado si no lo hacíamos”, afirmó.
Uno de los ejes centrales de la política alimentaria provincial es el sistema de comedores escolares, que alcanza a más de 310.000 alumnos en 1.178 escuelas. De esos establecimientos, 650 brindan almuerzos diarios con raciones que han sido ajustadas para acompañar la inflación: el desayuno pasó a costar $580 y el almuerzo, $ 1.651,27 por estudiante. Solo en junio, la inversión superó los $ 7.700 millones.
Por otra parte, los comedores infantiles —que funcionan en organizaciones sociales— recibieron un aumento del 300% en el monto per cápita, alcanzando a 8.717 personas. También se fortaleció el programa de cocinas comunitarias, que hoy atiende a 11.000 tucumanos con un esquema integral que combina alimentos frescos y secos.
La tarjeta Alimentaria Independencia, uno de los programas insignia del año, ya beneficia a más de 109.000 personas. “Cada titular recibe $40.000 mensuales, lo que permite comprar carne, verduras y otros productos esenciales sin depender de bolsas prearmadas. Es una herramienta que refuerza la dignidad y la autonomía familiar”, indicó el ministro Masso.
El informe alerta que la pobreza estructural ronda el 30% en la provincia. Aunque el Gobierno nacional reportó una baja en la pobreza general —con una proyección del 31,7% para el primer trimestre—, los niveles de indigencia siguen siendo críticos. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, un 35,5% de los niños en el país atravesó algún grado de inseguridad alimentaria en 2024; el 16,5% de ellos en situación severa.
En paralelo, organizaciones sociales advierten que la demanda en merenderos y albergues no deja de crecer. “Cada día llega más gente”, sostuvo Mery Anastacio, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que administra más de 14 centros en distintos barrios populares. “Ninguna ayuda alcanza. Las compañeras hacen rifas, reciclan, piden donaciones, pero el hambre no espera”, lamentó.
En la misma línea, Cristina Selman, referente del Movimiento Argentino en Redes Comunitarias (MARC), aseguró que la situación en localidades del interior como Alberdi, Santa Ana o Las Cejas es crítica. “El programa del Ministerio permite comprar alimentos esenciales, pero la falta de trabajo empuja a muchas familias a depender exclusivamente de esa ayuda”, señaló.
El estudio también menciona que los programas nacionales —como la AUH, las becas Progresar o el plan Volver al Trabajo— actúan como complemento, pero no logran sacar a las familias de la línea de pobreza. A nivel local, la Tarjeta Alimentaria Independencia ha sido una respuesta para cerrar esa brecha, aunque aún insuficiente ante el deterioro social.
Mientras tanto, el Gobierno de Tucumán mantiene activos programas durante todo el año, incluso en recesos escolares, y articula medidas específicas para poblaciones con necesidades particulares, como el plan de celiaquía. Las autoridades insisten en que no se trata solo de contener la demanda alimentaria, sino de mejorar la calidad nutricional y promover hábitos saludables.
En un contexto donde la inflación cede, pero los precios siguen lejos del poder de compra real, Tucumán enfrenta uno de sus desafíos más urgentes: garantizar el derecho básico a la alimentación para una población que, cada vez más, necesita del Estado para subsistir.
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