Martes 15 de Julio de 2025, 10:16
Mientras el Gobierno de Tucumán mantiene firme la expectativa de reactivar antes de fin de mes las obras paralizadas del barrio Procrear II, el futuro del megaproyecto habitacional depende ahora del pulso fino de las negociaciones entre las empresas constructoras y el Banco Hipotecario. La situación, que involucra contratos millonarios, deudas impagas y un traspaso de dominio aún sin concretar, ya es monitoreada con atención desde la órbita judicial.
Las inspecciones técnicas en el predio de 100 hectáreas —convocadas esta semana por el Banco Hipotecario, agente fiduciario del disuelto programa Procrear— se enmarcan en un complejo proceso de rescisión contractual. El objetivo: dar por terminados los acuerdos firmados en 2021 con las firmas nucleadas en la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) y habilitar formalmente la transferencia del proyecto a la administración provincial.
Hasta el momento, sin embargo, el traspaso efectivo del dominio no se concretó. Desde el Poder Ejecutivo local señalaron que, pese a la buena voluntad política, la transferencia definitiva de los terrenos no se formalizó en los mismos actos en los que las empresas entregaron las áreas en inspección al Banco Hipotecario. “Todo se está demorando más de lo previsto, y la clave ahora está en resolver la cuestión con el banco”, indicaron fuentes oficiales.
Una instancia decisiva será el encuentro previsto para este martes en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. A la reunión —calificada como clave por funcionarios— asistirán técnicos del Banco Hipotecario, representantes de la CTC y el ministro Marcelo Nazur. El objetivo es destrabar la situación actual, marcada por las diferencias entre el banco y las contratistas sobre presuntas deudas millonarias que las empresas reclaman.
“El Banco Hipotecario viene a controlar el estado de las obras para poder emitir los certificados finales de avance y tomar posesión formal de los predios. Solo así se podrá transferir todo a la Provincia y arrancar con la nueva etapa”, explicó
Santiago Álvarez González, directivo de la empresa Alpre SA, una de las primeras en presentarse a la inspección.
En paralelo, el gobierno de
Osvaldo Jaldo ya completó todos los pasos administrativos para provincializar el emprendimiento. El gobernador firmó un DNU ratificado por la Legislatura, garantizando la continuidad de los contratos con las constructoras tucumanas. Incluso, se definió una primera etapa de reactivación: se construirán 500 viviendas en un plazo de 18 meses y con una inversión de $ 80.000 millones.
El conflicto de fondo comenzó a gestarse a fines de 2023, cuando las empresas denunciaron que el Banco Hipotecario no giraba los fondos comprometidos. La parálisis se agravó con la asunción del presidente
Javier Milei, cuya administración suspendió de plano el financiamiento de obra pública a nivel nacional.
Pese a ese contexto, el gobierno tucumano logró conservar el proyecto mediante acuerdos con la Nación, y ahora busca iniciar cuanto antes las tareas. Sin embargo, los tiempos están sujetos a la resolución de los pasos administrativos que aún mantiene bajo su órbita el Banco Hipotecario, ente fiduciario del programa Procrear desde su creación, en 2012.
El proyecto Procrear II de Tucumán contempla más de 1.600 viviendas, 1.400 lotes con servicios, 50 locales comerciales e infraestructura para toda la urbanización. Hasta hoy, su avance físico no supera el 10%, tras más de un año y medio de interrupciones.
Desde el entorno del ministro Nazur aseguraron que el diálogo con las empresas es fluido, pero que la traba reside en la finalización de los contratos originales. Y que, si bien hay tensión por las deudas reclamadas, “eso deberá resolverse entre privados”, desligando así al Estado provincial de los compromisos previos.
En el trasfondo, aparece también el riesgo de que las demoras deriven en litigios judiciales entre las partes. Por ahora, el Ministerio Público Fiscal no ha tomado intervención directa, aunque se mantiene al tanto de los avances administrativos y del eventual impacto sobre la ejecución de fondos públicos.
Los próximos días serán determinantes para conocer si el anhelado reinicio de la obra Procrear II podrá efectivizarse o si el conflicto contractual continuará empantanando uno de los desarrollos habitacionales más ambiciosos de la provincia.