Desde el gobierno aseguraron que la conducta se encuadra en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, ya que se buscó obtener una beca rentada y financiada por el Estado, "mediante métodos fraudulentos y generando un perjuicio económico para la administración pública que debió incurrir en gastos adicionales para el análisis del engaño y la implementación de nuevas instancias de evaluación. Asimismo, se debe tener en cuenta que
el daño también es ético y potencial ya que las acciones cometidas buscaron desplazar a los colegas realmente aptos para ocupar los cargos vacantes poniendo en riesgo la salud de la población".
Los pasos a seguir se centran en la investigación y la recolección de pruebas entre las que se incluyen la declaración testimonial de los responsables del control y fiscalización de la sede en donde se cometió el delito; el secuestro y análisis forense de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos prestando especial atención a los vinculados a los grupos de mensajería para identificar a los organizadores y beneficiarios directos del fraude; la presentación de un oficio a la red social X (ex-Twitter) para obtener datos de registro, titularidad, historial de publicaciones, y el archivo original del video difundido; y el requerimiento de los números y listados de comunicaciones entrantes y salientes de los implicados en un período específico a las empresas de telefonía.
"Hasta el fondo"Una vez que se recojan estas pruebas, se solicitará al juez citar a declaración indagatoria a los involucrados.
"Este gobierno asumió el compromiso de terminar con las trampas y los privilegios que se aprovechan del Estado. Por eso, el Ministerio de Salud de la Nación va a ir hasta el fondo para identificar, denunciar y sancionar a quienes intentaron vulnerar un concurso público. En una Argentina que se construye sobre la base del mérito, el esfuerzo y la honestidad, no hay lugar para el fraude ni para los atajos", indicó un comunicado gubernamental.
La primera alerta respecto a las posibles irregularidades fueron los resultados del examen del 1° de julio pasado, en los que se observó que un alto porcentaje de aspirantes había obtenido calificaciones sobresalientes (más de 85 puntos) respecto a la media histórica de notas. En la mayoría de estos casos, los graduados provenían de universidades poco destacadas y sus notas no se correspondían con su rendimiento en exámenes rendidos días previos de similar dificultad. En el caso del médico que filmó su examen, por ejemplo, el puntaje obtenido en un examen previo fue de 69/100 mientras que en el examen único fue de 92/100.