Lunes 01 de Septiembre de 2025, 04:54
La Justicia Federal con asiento en Tucumán atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la denuncia por supuesto tráfico de influencias y venta de sentencias. En el ojo de la tormenta se encuentra Solana Esther Casella, relatora del camarista Mario Leal y pareja de Luis Alejandro Ontiveros, principal acusado en la causa.
Su situación es doblemente sensible: no solo es mencionada en la investigación, sino que además integra la terna para ocupar el cargo de jueza federal N°1 de Tucumán, lo que amplifica el impacto del escándalo.
La denuncia fue presentada por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, quien acusó a Ontiveros de haber ofrecido una sentencia favorable a cambio de 100.000 dólares en una causa originada en Catamarca. Según su relato, la resolución habría sido redactada por Casella en su rol de relatora.
Casella ocupa un lugar clave en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, no solo como relatora de Leal, sino también como directora interina de Despacho, lo que la posiciona en contacto directo con expedientes sensibles. Su presencia en el ámbito académico refuerza la cercanía con Leal y Ontiveros: en la Facultad de Derecho de la UNT, ella es docente auxiliar, mientras que Leal es profesor titular y Ontiveros jefe de trabajos prácticos en la misma cátedra.
Casella inició su carrera en la Cámara en 2021 como escribiente. En julio de 2023 fue designada jefa de despacho contratada interina, con funciones de relatora de Leal, según la Acordada 47/23. En paralelo, el Consejo de la Magistratura de la Nación la incluyó en octubre de 2024 en la terna de candidatos a jueza federal N°1 de Tucumán, junto a Carlos Ezequiel Oneto y Carlos Eduardo Saltor.
Para la defensa de Ontiveros, la denuncia busca “ensuciar” esa candidatura y afectar la proyección profesional de Casella, quien aparece como la última en el orden de la terna elevada al Poder Ejecutivo.
Los abogados de Ontiveros, Pablo Macarón y Camilo Atim, sostienen que Casella carece de facultades legales para influir en el resultado de una causa, ya que una relatora “actúa bajo las órdenes directas de los jueces” y no puede incidir en la decisión de un tribunal colegiado de cinco magistrados.
Además, afirmaron que Casella nunca fue sorteada ni asignada a la causa vinculada al hijo del denunciante y que, entre enero y junio de 2025, se encontraba de licencia por maternidad y feria compensatoria, período en el que habrían ocurrido las supuestas negociaciones. Para los defensores, hablar de una capacidad de influencia de Casella es “imposible” y “ridículo”.
El querellante, representado por el abogado
Juan Andrés Robles, insiste en que no es necesaria una acción directa de Casella para acreditar el delito. A su criterio, la mera cercanía de Ontiveros con la relatora y el juez Leal —sumada al uso de vehículos oficiales y vínculos académicos— le otorgaba al acusado una “capacidad real de influir en el resultado de las causas”. Esa red de relaciones personales y profesionales constituye, según Martínez, la base de la hipótesis criminal.
La investigación avanza bajo la conducción del juez subrogante José Manuel Díaz Vélez, quien rechazó nulidades presentadas por la defensa y mantiene el foco en el análisis de pruebas clave, entre ellas la pericia sobre el teléfono de Ontiveros, que podría definir el grado de involucramiento de Casella y el alcance de la presunta trama de tráfico de influencias.
Mientras tanto, el nombre de Casella continúa en el centro del debate, con su carrera judicial y académica en juego y bajo un nivel de escrutinio que pocas veces se ha visto en la Justicia Federal tucumana.