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Para la Justicia Federal el ex intendente y su esposa legisladora eran el sostén del la asociación ilícita que operaba en Alberdi
Sábado 11 de Octubre de 2025, 07:52
El ex intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, quedaron en el centro de un escándalo político y judicial de alto impacto tras ser señalados por la Justicia Federal como el “sostén estructural” de una presunta organización dedicada al lavado de activos, asociación ilícita y confabulación con el narcotráfico.
Así lo dispuso el juez federal José Manuel Díaz Vélez, en una resolución de más de 150 páginas que también alcanzó al ex secretario de Hacienda José Roldán, al ex titular de Acción Social Pablo Barrionuevo, al ex concejal José Albano Loru y al empresario Roque “Chipi” Giménez.
La situación de Figueroa, actual legisladora, generó además tensiones dentro del oficialismo. La notificación formal del fallo derivó en pedidos de suspensión de parte de la oposición —encabezados por José Cano y Silvia Elías de Pérez—, mientras que en los pasillos de la Legislatura se baraja la posibilidad de que la funcionaria solicite una licencia temporal para aliviar la presión institucional.
De acuerdo con la investigación dirigida por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, el magistrado concluyó que existen pruebas suficientes para considerar que los acusados formaban parte de una estructura criminal colectiva que operaba desde el propio municipio de Alberdi.
“Campos y Figueroa conforman el sostén estructural del grupo”, indicó Díaz Vélez, al detallar que los beneficios obtenidos por el entramado delictivo se sustentaban en decretos, contrataciones y circuitos de legitimación económica que favorecían a la empresa Giménez Consulting Group, vinculada al empresario procesado.
El fallo describe un sistema en el que cada uno de los implicados cumplía un rol diferenciado pero coordinado, con pleno conocimiento de la finalidad delictiva común. “Se trata de una red de permanencia donde cada uno conoce el objetivo a realizar, con una clara división de roles y funciones”, precisó el juez.
Si bien el matrimonio Campos-Figueroa no habría tenido participación directa en la manipulación de drogas ni en la intimidación de testigos, su papel político e institucional resultó clave para garantizar cobertura, canalizar beneficios económicos y facilitar operaciones de lavado de activos, según se desprende de los audios y documentos incorporados a la causa.
El juez Díaz Vélez resolvió no dictar prisión preventiva contra ambos, pero sí dispuso la prohibición de salida del país sin autorización judicial. En cambio, los otros cuatro acusados permanecerán detenidos mientras avanza la instrucción. Asimismo, se ordenó un embargo por un total de $ 1.400 millones sobre los bienes de los seis procesados.
La causa, que sacude tanto a la esfera política como a la justicia tucumana, abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción vinculada al narcotráfico, al exponer presuntas conexiones entre el poder municipal, el dinero ilícito y el entramado criminal que, según la investigación, habría operado desde el corazón institucional de Alberdi.