Jueves 16 de Octubre de 2025, 04:31
El caso judicial que involucra a futbolistas del club Vélez Sarsfield por un presunto abuso sexual denunciado en marzo de 2024 sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Los abogados de la víctima solicitarán que un juez desestime la causa abierta en su contra, así como la de su padre, varios testigos y los letrados que la representan, luego de que uno de los acusados promoviera una denuncia paralela por presunta organización criminal.
Mientras se desarrolla la audiencia, afiliadas a La Bancaria y organizaciones feministas realizarán una marcha frente a los tribunales de avenida Sarmiento, en respaldo a la joven denunciante. Las manifestantes, bajo la consigna “si tocan a una, respondemos todas”, exigirán justicia y denunciarán lo que consideran un intento de persecución judicial.
El conflicto tuvo su origen cuando la víctima afirmó haber sido abusada sexualmente por los futbolistas Abel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré, tras una reunión convocada por el arquero Sebastián Sosa en un hotel donde se alojaba la delegación. Los cuatro jugadores fueron imputados y, desde entonces, la causa se convirtió en una compleja batalla judicial que se mantiene abierta.
En las últimas semanas, el proceso dio un giro inesperado. Los abogados del paraguayo José Florentín Bobadilla, Camilo Atim y María Florencia Abdala, presentaron una denuncia penal contra el diputado Carlos Cisneros, los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, la denunciante, su padre, los testigos y otras personas, a quienes acusaron de integrar una “organización criminal” dedicada a cometer falso testimonio, estafa procesal, adulteración de documentos y asociación ilícita.
La fiscal Mariana Rivadeneira, a partir de los resultados de las pericias, abrió formalmente una investigación contra todos los señalados, excepto el legislador nacional. En ese marco, la semana pasada se realizaron allanamientos simultáneos, donde se incautaron diversos elementos que serán peritados. Según fuentes judiciales, la hipótesis de la fiscal apunta a la existencia de maniobras para alterar pruebas y a la posibilidad de que se haya falseado la denuncia inicial contra los jugadores.
Los querellantes, en respuesta, pidieron una audiencia para impugnar los procedimientos y cuestionar la legalidad de los allanamientos. De prosperar su planteo, la investigación impulsada por Rivadeneira podría ser declarada nula. Además, se solicitará el sobreseimiento de la víctima y de al menos tres testigos, quienes habían declarado en la causa original.
La trascendencia del caso provocó una movilización gremial inédita en la provincia. Desde La Bancaria confirmaron que las trabajadoras se ausentarán de sus puestos para participar de la marcha, lo que podría generar demoras en la atención bancaria. Entre las consignas que acompañarán la protesta se destacan: “Callar es aceptar la impunidad”, “Las víctimas merecen ser escuchadas, no perseguidas” y “La verdad no se allana, se exige”.
El desenlace de la audiencia podría marcar un punto de inflexión en uno de los casos más resonantes de los últimos años en Tucumán, con implicancias judiciales, políticas y sociales que mantienen en vilo a la opinión pública.