Los jueces supremos de Tucumán evitaron responder una consulta federal sobre patrimonios de miembros de Cortes provinciales
Domingo 19 de Octubre de 2025, 08:52
SILENCIO. Ante una consulta a todas las Cortes provinciales sobre el patrimonio de sus integrantes, los jueces tucumanos se alinearon con la mayoría de sus pares, que decidieron ignorar la consulta.Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se ubicaron entre los que no respondieron a un pedido de acceso a la información pública sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces de su Corte Suprema, según un relevamiento nacional realizado entre abril y mayo de 2025 por Ruido, miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación, y Connectas. El estudio abarcó a todos los tribunales superiores del país y concluyó que solo el 14% de los magistrados de las cortes provinciales permitió acceder a esos datos, en una muestra que confirma la falta de transparencia en el sistema judicial argentino.
En contraste, solo seis provincias accedieron parcialmente al requerimiento. Córdoba y Mendoza fueron las únicas en publicar todas las declaraciones juradas de sus jueces supremos, sumando 14 magistrados en total. En el caso cordobés, las presentaciones se encuentran disponibles en línea a través del portal oficial, mientras que en Mendoza figuran en el Portal de Ética Pública, accesibles para cualquier ciudadano.
Otras cuatro provincias dieron respuestas parciales. En Catamarca, según detalla El Ancasti, solo una de los siete miembros de la Corte, María Fernanda Rosales Andreotti, puso a disposición su declaración. En La Pampa, el único que respondió fue Fabricio Ildebrando Luis Losi; en Neuquén, el ministro Gustavo Mazieres envió un enlace al expediente de su designación, donde figura su patrimonio; y en Tierra del Fuego, los magistrados Javier Muchnik y Edith Miriam Cristiano entregaron la información solicitada.
En Formosa, la situación fue más confusa: no hubo respuesta oficial, aunque en el sitio web institucional figuran las declaraciones de dos ministros —Ariel Gustavo Coll y Marcos Bruno Quinteros— con información desactualizada que data de 2016 y 2012, respectivamente.
También hubo respuestas derivadas o incompletas en Salta, Río Negro, Entre Ríos y Chaco, donde los ministros remitieron las solicitudes a oficinas de control interno o escribanías gubernamentales, sin garantizar acceso directo a la ciudadanía. En el caso entrerriano, incluso se aclaró que las declaraciones son consideradas “secretas” y solo pueden abrirse por orden judicial en el marco de una investigación penal.
El relevamiento subrayó que la presentación de las declaraciones juradas está prevista por las leyes de ética pública provinciales, las constituciones locales o normas específicas que obligan a los jueces a informar su patrimonio, al igual que ocurre a nivel federal bajo la Ley de Ética Pública.
El objetivo, recordaron los autores, es garantizar el control del Estado y la sociedad sobre la evolución patrimonial de los funcionarios judiciales y prevenir hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
Tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097) establecen la obligación de los Estados de implementar sistemas de declaración de bienes y promover su publicación cuando sea pertinente.
Finalmente, el informe advierte que la reserva y opacidad con la que se manejan los poderes judiciales provinciales, incluido el de Tucumán, debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Según datos de Latinobarómetro, solo el 22% de los argentinos confía en la Justicia, un indicador que, según los autores del estudio, podría mejorar con mayor transparencia patrimonial por parte de los magistrados.
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