¿Faltará gas en 2026? Una decisión electoral del Gobierno Nacional enfría las posibles inversiones en Vaca Muerta
Domingo 19 de Octubre de 2025, 09:38
El Gobierno pisó las tarifas de luz y gas en el invierno. A cambio, decidió otorgar más subsidios a los hogares.La decisión oficial para contener la inflación a corto plazo implicó otorgar más subsidios a los usuarios. Pero para mantener un holgado superávit fiscal y que las cuentas públicas no tuvieran transitoriamente un desequilibrio -que hubiera sido una mala señal para el mercado-, el Tesoro dejó de pagarle la diferencia a las petroleras por el abastecimiento de gas en el mercado interno.
Esa deuda en pesos hoy equivale a unos US$ 280 millones, aunque su repetición en el tiempo y el modus operandi del Ministerio de Economía ya preocupa mucho a las empresas, que tienen que presupuestar sus inversiones en Vaca Muerta para 2026.
Con un precio del petróleo a la baja (el Brent, de referencia para el mercado argentino, cayó en 2025 desde los US$ 75 por barril hasta los US$ 61 actuales), márgenes ajustados y la previsión de que el crudo seguirá entre US$ 60 y US$ 70 por los próximos 12 meses, las empresas esperan señales gubernamentales para planificar la liquidez con la que contarán en estos meses.
La situación se monta sobre las altas tasas de interés relacionadas a la falta de pesos, que encarece los costos en una economía que tiene un peso sobrevaluado desde hace por lo menos un año.
Las inversiones en Vaca Muerta, ¿en riesgo?
El dinero del que dispondrán las petroleras en estas semanas es la inversión en perforación, fractura y puesta en producción de los pozos de shale, que dan sus frutos dentro de unos 6 meses.
La cantidad de equipos de perforación dependerá de la liquidez de las petroleras.
Sin liquidez presente, el impacto -afirman en el sector privado- se verá en la producción del próximo invierno, con una caída en la oferta, precios spot al alza para las industrias -y su impacto en inflación y actividad económica-.
Además, una reducción de la oferta de gas podría forzar al Gobierno a incrementar la importación de otros combustibles como el gas licuado, el gasoil y fuel oil, más caros que el gas natural de producción local y a pagar en moneda extranjera con las escasas reservas internacionales del Banco Central (BCRA).
La deuda que acumuló el Gobierno con las productoras de gas (YPF, la francesa Total Energies, Tecpetrol, Pan American Energy -PAE-, Pampa Energía, la alemana Harbour Energy, Pluspetrol y la Compañía General de Combustibles -CGC-) llegó a ser de unos US$ 500 millones a principios del mes pasado, cuando ya se habían activado reclamos internos de las cámaras empresariales ante Economía.
Los US$ 280 millones actuales son por la producción de gas de julio, el mes de mayor demanda, cuando el precio promedio ronda los 4,40 dólares por millón de BTU (la unidad térmica británica de referencia para el gas). La operación se debió cancelar el 4 de octubre, pero ya acumula dos semanas impaga.
Por ahora, las empresas no quieren subir el perfil con una nueva queja. Y en los despachos oficiales consideran que "no es nada 2 semanas de atraso", porque el Tesoro maneja la caja "con total responsabilidad". "En la medida que tenemos fondos, vamos pagando. Lo importante es que no se hace una bola de nieve y ya garantizamos que se van a respetar los contratos de Plan Gas", respondieron a Clarín.
Aunque en las oficinas gubernamentales reconocen que el sector privado "tiene razón en su preocupación", piensan que no hay una "razón de peso" para sacar el pie del acelerador en Vaca Muerta. Y recuerdan que además del manejo con las tarifas, tampoco actualizan por completo el impuesto a los combustibles para no golpear de lleno a los bolsillos de la población.
Hasta fin de año, el Gobierno tiene que saldar unos US$ 700 millones en total por las operaciones de julio, agosto y septiembre, mientras cae la recaudación de ingresos fiscales por la recesión y se enfría más la economía por las altas tasas de interés.
Las deudas están relacionadas con el Plan Gas, que diseñó la administración de Alberto Fernández. A fines de 2020 se licitó la producción de gas por 4 años (después se extendió hasta 2028) con un precio garantizado. Como los propios funcionarios pisan las tarifas por necesidades políticas, la diferencia entre lo que pagan los hogares y el costo real lo paga el Estado con subsidios.
El ajuste en tarifas y subsidios
El gobierno de Javier Milei hizo en 2024 uno de los ajustes más grandes de todos los tiempos y solventó gran parte de ese plan con un aumento de las tarifas. Y su idea es avanzar gradualmente hasta 2028 para que las boletas de los usuarios reflejen una mayor proporción de los costos reales de abastecimiento de electricidad y gas. En el medio, hay algunos pasos hacia atrás.
Según datos de Nicolás Gadano, director de la consultora Empiria, "en septiembre, por cuarto mes consecutivo, la cobertura de tarifa en el sistema eléctrico -la relación entre el precio medio que paga la demanda y el costo medio- es inferior a la registrada en igual mes del 2024". "Eso significa más subsidios", explicó.
En efecto, en junio de 2025 los hogares, comercios e industrias vieron trasladado a su factura el 57% del costo de la electricidad mayorista (en promedio), contra un 61% de hace un año; en julio la relación fue 52-55%; en agosto, 57-61%; y en septiembre, los usuarios asumieron en promedio el 67%, frente a un 72% de 2024.
En todos los casos, las cifras son más altas que en 2023, cuando el nivel de subsidios era más alto, acorde a la política fiscal del extinto Frente de Todos -hoy Fuerza Patria-, que pretendía redistribuir ingresos mediante las facturas de la energía y generaba más inflación.
Durante 2025, los subsidios a la energía bajaron un 52%, en parte por el ajuste de las tarifas y también por atrasarles los pagos a las petroleras. /TN
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