Desde la justicia federal advierten que es indispensable recuperar la radarización de la frontera para derrotar al narcotráfico

Su reclamo se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el tráfico aéreo de estupefacientes, tras los recientes operativos en Rosario de la Frontera y Chuscha, donde se incautaron más de 360 kilos de cocaína y 300 kilos de marihuana, con un valor estimado superior a $ 4.600 millones.

El funcionario judicial sostuvo que los dos decomisos, ocurridos con pocos días de diferencia, comparten un mismo patrón: la droga habría partido desde Bolivia por vía aérea, para luego ser descargada en el sur de Salta y finalmente trasladada por tierra hacia Tucumán. “A pesar de los logros, sabemos que pasa mucho más de lo que se detecta. No se trata solo de un problema de las fuerzas de seguridad, sino también de una responsabilidad política que debe asumir toda la región”, subrayó el fiscal.

Vehils Ruiz remitió un oficio al fiscal federal Eduardo Villalba para que confirme si las declaraciones del legislador salteño Gustavo Orozco, quien denunció la existencia de unas 30 pistas clandestinas en Rosario de la Frontera, están incorporadas formalmente en alguna causa. “Si no existe una presentación oficial, lo citaré para que ratifique o rectifique sus dichos”, advirtió el investigador, que insistió en la necesidad de acciones coordinadas entre los poderes judiciales y ejecutivos.

El fiscal pidió además que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo lidere una gestión conjunta con sus pares del NOA para reclamar ante la Nación la instalación de radares y escáneres que permitan detectar vuelos irregulares y cargamentos ilícitos en las rutas terrestres. “Los escáneres son tan importantes como los radares: hoy dependemos casi exclusivamente del olfato de los agentes o de los perros adiestrados”, advirtió.

El tema también encendió el debate político en la vecina provincia de Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz reclamó a la Nación la reaplicación de la Ley de Derribo, una normativa impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri y luego derogada. “Con más de 700 kilómetros de frontera, necesitamos radarización y una ley que nos permita actuar con rapidez”, expresó el mandatario en un mensaje difundido por redes sociales.

Vehils Ruiz, sin embargo, fue cauto frente a esa propuesta. “Antes de hablar de una ley de derribo, hay que tener radares que detecten los vuelos, aviones para interceptarlos y una base aérea cercana para reaccionar a tiempo. De otro modo, es solo una declaración simbólica”, advirtió.

El secretario provincial de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib, coincidió en que Tucumán ha sido pionera en el fortalecimiento de los controles interprovinciales, aunque insistió en que los resultados serían más contundentes si todas las provincias del norte replicaran la estrategia.

Por su parte, el legislador José Cano recordó que durante su paso por el Congreso presentó diversos proyectos vinculados a la prevención integral del narcotráfico, orientados a fortalecer la inteligencia financiera, la cooperación entre fuerzas y la coordinación regional. “La lucha contra el narcotráfico no puede depender de medidas aisladas. Requiere una política de Estado sostenida, que combine prevención, control, justicia y educación”, remarcó.