Jueves 27 de Noviembre de 2025, 08:31
En el marco del estremecedor caso ocurrido en Alderetes, Tucumán —donde una niña de 13 años fue apuñalada por un compañero de escuela— volvió al centro del debate nacional el enfoque punitivo frente al acoso escolar. Ese contexto reaviva discusiones en distintas provincias, entre ellas Mendoza y Santa Fe, donde avanzan proyectos de ley que buscan sancionar económicamente a los padres de menores que ejercen bullying.
Una ley “anti-bullying” con un enfoque novedoso pero polémico fue aprobada recientemente en la Legislatura de Mendoza. La normativa modifica el Código Contravencional y establece un sistema progresivo de intervención ante casos de acoso escolar en escuelas provinciales. Una vez agotadas las instancias de diálogo, talleres y tareas comunitarias, se habilitan multas económicas para los padres de menores reincidentes, que pueden alcanzar 1,5 millones de pesos.
En Santa Fe, se presentaron dos proyectos similares. Uno de ellos pertenece a la diputada provincial Beatriz Brouwer, del bloque Unite, quien impulsa la incorporación de sanciones económicas en el Código de Faltas. Brouwer explicó que la iniciativa surgió tras recibir planteos de familias cuyos hijos fueron hostigados, entre ellos el caso de Luciano, un alumno golpeado brutalmente en la puerta de una escuela de Funes hace pocas semanas.
El proyecto santafesino replica la lógica mendocina: primero se establece una secuencia de diálogo y acompañamiento; luego la participación obligatoria en talleres y la realización de trabajo comunitario. Si el acoso persiste, se aplican multas a los padres. A diferencia del texto mendocino —que fija montos entre $750.000 y $1.500.000—, la propuesta de Brouwer aún no define cifras concretas.
La ley aprobada en Mendoza tomó mayor impulso tras el caso de una adolescente que llevó un arma a una escuela de La Paz, en septiembre, y efectuó disparos al aire antes de atrincherarse. La joven, según sus compañeras, era víctima reiterada de burlas por su apariencia. Este episodio encendió alarmas y aceleró el debate legislativo.