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Pruebas grabadas en audio y video complican a los policías acusados de extorsión en Famaillá
Viernes 28 de Noviembre de 2025, 05:00
Una denuncia por extorsión derivó en una compleja investigación que sacude a la Policía de Famaillá. El expediente, impulsado tras el allanamiento a una vivienda sin exhibición de una orden judicial —según sostuvo la denunciante—, expuso una serie de maniobras irregulares, pedidos de dinero y un procedimiento que, según la hipótesis fiscal, habría sido montado para presionar económicamente a una familia.
Durante el allanamiento, uno de los efectivos ingresó al baño con una riñonera y realizó movimientos que despertaron sospechas. El marido de la denunciante gritó que le estaban “plantando algo”, lo que generó un cruce de insultos. Para la mujer, aquel episodio marcó el inicio de un operativo irregular que luego derivó en exigencias económicas.
Declaró que el comisario a cargo le pidió cinco millones de pesos para no perjudicar la situación procesal de su pareja; ante su negativa, habría bajado la cifra a tres millones. Según la denuncia, incluso llegó a sugerir que el hombre debía “vender droga” para él si quería evitar futuros inconvenientes.
Las acusaciones no se limitaron al pedido de dinero. La mujer afirmó que durante el procedimiento desapareció una pistola registrada a nombre de su pareja, arma que nunca fue hallada. Para la Justicia, este punto es uno de los más sensibles: la presunta retención del arma y la presión económica conforman un cuadro que, de confirmarse, agravaría la situación de los involucrados.
A la denuncia se sumó el aporte de un vecino que filmó en secreto parte del intercambio en el que la mujer entregó una de las sumas solicitadas. Los 16 videos, diez capturas y varios audios entregados a la Fiscalía se transformaron en pruebas fundamentales del caso. En uno de ellos, la abogada que representaba inicialmente a la denunciante aparece dando indicaciones sobre la entrega del dinero; en otro, el comisario evita referirse a la pistola presuntamente retenida.
La gravedad del cuadro motivó un allanamiento al jefe policial denunciado. El juez Mario Velázquez avaló la medida, aunque advirtió que la requisitoria había sido firmada por un auxiliar fiscal, recordando que la Constitución provincial prohíbe delegar funciones esenciales del Ministerio Público Fiscal. Esa observación abrió un debate institucional paralelo dentro del expediente.
El registro del operativo en la vivienda del comisario incorporó más elementos de interés: dos notebooks halladas en el living, siete pendrives en un escritorio, cinco celulares en el dormitorio principal, un CPU en el pasillo, otro teléfono dentro de un Fiat Cronos perteneciente al jefe policial y cinco pendrives adicionales en un segundo vehículo.
También se contabilizaron $ 8.783.000 en efectivo, aunque la documentación oficial señala que el dinero no fue secuestrado: por disposición del auxiliar fiscal, se devolvió en el acto.
La investigación ahora se enfoca no solo en determinar si existió una extorsión, sino en establecer si operaba un esquema policial paralelo, con prácticas por fuera de toda legalidad. Ninguno de los efectivos involucrados fue detenido hasta el momento, pero el análisis de los dispositivos electrónicos y del DVR secuestrado podría definir el rumbo del expediente.
Mientras el expediente avanza, tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público Fiscal evitaron brindar declaraciones. El silencio oficial alimenta aún más los interrogantes sobre un caso que ya generó conmoción interna y promete revelar cómo funcionaba, puertas adentro, una estructura policial hoy bajo la lupa de la Justicia.