Una obra social intervenida por el Gobierno con 700.000 afiliados toma medidas para sobrevivir
Viernes 28 de Noviembre de 2025, 06:49
La obra social Osprera, de Uatre, tiene perdidos mensales de 1.300 millones de pesos.El objetivo, según comunicó la conducción provisoria, es asegurar la continuidad operativa de la entidad y garantizar la atención de más de 700.000 afiliados en un momento financiero especialmente delicado.
La presentación fue realizada por el interventor Marcelo Carlos Petroni, abogado penalista con vínculos estrechos con Eduardo "Lule" Menem y ratificado recientemente por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
El anuncio, sin embargo, llega en un clima político enrarecido: el juez federal Sebastián Casanello avanza con nuevas medidas de prueba en la causa que involucra al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a otros funcionarios libertarios, sospechados de integrar un presunto "plan criminal para hacerse con la conducción de la Uatre", el gremio que lidera José Voytenco.
Esa investigación intenta determinar si hubo maniobras destinadas a desestabilizar la vida interna del sindicato rural para justificar luego la intervención de Osprera. Desde la Uatre sostienen que todo habría derivado de un "acuerdo criminal" orientado a influir políticamente y condicionar negociaciones dentro del sistema de salud.
En ese marco, Casanello ordenó a la Secretaría de Trabajo entregar 19 expedientes completos vinculados a conflictos gremiales locales, con el fin de reconstruir el camino administrativo que desembocó en la intervención. El fiscal Guillermo Marijuan está a cargo de la pesquisa.
Mientras tanto, la intervención de Petroni justificó el pedido de PPC en un diagnóstico "crítico" en los planos económico, legal y prestacional. Osprera cuenta hoy con 1.160 empleados, más de la mitad en áreas administrativas, con superposiciones jerárquicas y baja eficiencia. El gasto salarial, advierten, asciende al 16% del presupuesto mensual, el doble del límite del 8% fijado por la SSS.
El cálculo oficial es que la aplicación del PPC permitiría un ahorro superior a $10.500 millones, suficiente para recomponer el equilibrio financiero sin afectar la cobertura médica ni las prestaciones básicas.
De acuerdo con la intervención, desde noviembre de 2024 se logró reducir el déficit mensual a menos de $1.300 millones en octubre de este año, además de reforzar los controles de medicamentos, mejorar los circuitos de auditoría médica y ordenar la masa salarial. También destacan acuerdos con prestadores clave -como el Hospital Garrahan- en mejores términos económicos.
Petroni, en un gesto interno de ajuste, resolvió esta semana un recorte adicional del 20% de su propio salario, que ya acumula una baja del 50% desde enero, y pidió a directores y gerentes acompañar la medida.
La intervención subrayó que el Proceso Preventivo de Crisis es una herramienta legal que permite reordenar la estructura interna de entidades con dificultades severas sin comprometer su funcionamiento. En el caso de Osprera, explicaron, apunta a garantizar la provisión de medicamentos, asegurar la relación con prestadores, mantener las prestaciones médicas y proteger los puestos de trabajo del sector. La notificación del trámite ya fue enviada tanto a la Secretaría de Trabajo como a la SSS.
Aunque señalan mejoras administrativas, el cuadro general sigue siendo frágil. La obra social arrastra años de números en rojo -incluso con asistencia financiera estatal durante el gobierno anterior- y el PPC aparece ahora como una instancia clave para sostener la operación. Todo esto ocurre, además, en paralelo a una causa judicial que agrega tensión a la ya compleja relación entre la administración Milei y la conducción de la Uatre. /iProfesional
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