Sábado 29 de Noviembre de 2025, 19:29

Más de una quincena de proyectos de ley ingresados en la última semana, vía mesa de entradas, apuntan a extender normas que abarcan desde la seguridad pública y la erradicación de la violencia contra la mujer hasta beneficios impositivos para sector
Como el pan dulce y el brindis de Fin de Año en la mesa familiar, el último mes del calendario llega con una “tradición” en la Legislatura: la prórroga de leyes de emergencia y de normativas de excepción que, en algunos casos, se mantienen vigentes hace décadas en Tucumán.Más de una quincena de proyectos de ley ingresados en la última semana, vía mesa de entradas, apuntan a extender normas que abarcan desde la seguridad pública y la erradicación de la violencia contra la mujer hasta beneficios impositivos para sectores como el citrus y el azúcar.
Entre estas iniciativas figuran las remitidas por el titular del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo. Una de ellas apunta a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 -es decir, más allá del mandato actual- el estado de emergencia en seguridad pública, dispuesta mediante ley 9.057. Será tratada en simultáneo por la comisión de Seguridad y Justicia, que preside el oficialista Carlos Najar, junto al proyecto elevado semanas atrás por el radical José Cano, quien propuso como plazo el cierre de 2026. Así, uno de los ejes de la discusión será si el texto se sostiene durante un año o dos.
Otra de las cuestiones pasa por el funcionamiento de la comisión especial prevista por el texto original que debe analizar los informes relacionados la ley 9.057. En principio, la idea en el PJ es alcanzar un dictamen unánime.
Esta ley de emergencia había sido sancionada en 2016, durante la primera gestión de Juan Manzur, “con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado, y el avance de los delitos contra la propiedad, que afectan a nuestra Provincia”. Fue renovada sucesivamente, pero caducará este año.
El proyecto del PE, ingresado esta semana vía mesa de entradas apunta a sostener las acciones aplicadas en ese sentido y, a la vez, avanzar con la ampliación de la capacidad de alojamiento para personas privadas de la libertad. “(Todo) ello para posibilitar el logro de los siguientes objetivos fundamentales: continuar con la adecuación, mejoramiento y ampliación necesaria de la infraestructura edilicia en materia de servicio penitenciario y policial; ampliar, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en el Servicio Penitenciario de nuestra provincia”, se fundamentó en los considerando.
En la última década, la ley 9.057 fue clave para llevar adelante inversiones en materia de seguridad y de política carcelaria. Fuentes del oficialismo explicaron que la comisión de Seguridad y Justicia se reunirá este lunes a las 9.30 para definir el dictamen que llegará al recinto en la próxima sesión, que tendría lugar el jueves 4.
En otras temáticas
El segundo proyecto de prórroga de la Casa de Gobierno busca extender la ley que declara el estado de emergencia hídrica y social en la provincia. Esta norma fue sancionada hace casi dos décadas (data de febrero de 2007), y se propone su prórroga hasta finales de 2026. Si bien se realizan algunas adecuaciones administrativas, se mantiene el espíritu de garantizar un régimen especial para la ejecución de obras públicas destinadas a prevenir o hacer frente a inundaciones y otros desastres climáticos.
A la vez, legisladores de distintos bloques apuntan a mantener operativas leyes clave para el funcionamiento de áreas puntuales del Estado, y también para el sostenimiento de actividades productivas de la provincia.
En ese último grupo, por ejemplo, se inscribe el proyecto de Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia agropecuaria para las actividades de producción de limón (primaria e industrial), como así también para los viveros cítricos certificados por el Instituto Nacional de Semillas (Inase). “Si bien el crecimiento en la exportación de fruta fresca es un indicador de éxito, el contexto internacional sigue siendo altamente volátil. Los competidores europeos (principalmente España, Turquía y otros del Mediterráneo) mantienen altos niveles de subsidios y exenciones, lo que genera una competencia desleal y una ‘ventana de ingresos’ cada vez más estrecha para nuestros productores”, indicó el líder de FR.
El jefe del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, se ocupó de una decena de proyectos para evitar la caducidad de distintas normas. En ese lote aparecen, por ejemplo, el régimen especial que permite el envío de aportes no reintegrables del Poder Ejecutivo a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que fue creado en 2017 y será extendido por otro año. También figura la prórroga de la Ley 9.219, que fija la alícuota 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la venta de caña de azúcar efectuada por productores cañeros cuyas explotaciones no excedan de 100 hectáreas. A estas iniciativas se suma además la que propone llevar hasta finales de 2026 la vigencia de la ley de emergencia del sistema eléctrico de transporte por distribución troncal en la provincia.
En emergencia por violencia contra la mujer
La legisladora peronista Sara Assán giró un proyecto para ampliar hasta finales de 2026 el estado de emergencia por violencia contra la mujer, que rige en la provincia desde 2017. “La prórroga resulta necesaria debido a que continúan ocurriendo femicidios en nuestra provincia, lo que evidencia que la problemática de violencia por motivos de género persiste con extrema gravedad. Cada nuevo hecho confirma que aún existen limitaciones en los mecanismos de prevención, protección y respuesta estatal, y que la emergencia no puede darse por concluida”, advirtió Assán, firmante del proyecto junto a Paula Galván, Carolina Vargas Aignasse y Sara Lazarte. /
La Gaceta
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