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La muerte de Gaby Picciuto, otro crimen que sacudió a Tucumán y queda impune por deficiencias en el proceso de investigación
Lunes 01 de Diciembre de 2025, 05:04
El expediente por el femicidio de Ana Gabriela Picciuto, uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en Tucumán, ingresó en un sendero que preocupa a la Justicia y a la sociedad: el de la posible impunidad. Un tribunal de impugnación revocó la condena contra Leonardo Salomón —el único sentenciado por el asesinato— y dictó su absolución por el beneficio de la duda.
En un fallo extenso, los magistrados advirtieron profundas deficiencias investigativas y cuestionaron la falta de exploración de líneas alternativas que podrían haber permitido esclarecer el hecho ocurrido en marzo de 2023.
El mismo final, aunque en otra instancia, tuvo días atrás el juicio por el crimen del joven policía Víctor Emanuel Lazarte, asesinado durante un asalto por ladrones que pretendían quedarse con su motocicleta. En aquella ocasión los jueces coincidieron en señalar deficiencias en la investigación que terminaron favoreciendo a los acusados con el beneficio de la duda.
La decisión fue adoptada por los jueces María Jimena Suárez, FacundoMaggio y Agustín Puppio, quienes en 163 páginas explicaron que no se logró acreditar la autoría del imputado ni se produjo evidencia material capaz de sostener la condena. El análisis del tribunal deja entrever un escenario complejo: el crimen podría quedar sin responsable identificado.
El cuerpo de Picciuto fue hallado el 12 de mayo de 2023, oculto en la base de una cisterna en la vivienda donde residía, en Chacabuco 59. Las pericias determinaron que fue asesinada entre el 9 y el 11 de marzo mediante golpes contundentes en la cabeza, propinados con un objeto que nunca apareció. La investigación inicial reveló un escenario enrarecido: el inmueble había sido vendido de manera irregular y estaba habitado por varias personas, la mayoría con problemas de adicción y conflictos previos con la víctima.
En un comienzo, fueron procesados Alfredo Socci, Natalia Liberman, Sofía Di Cianni y el ex esposo de la víctima, Luis Fumero, todos señalados por diversos testimonios y por inconsistencias vinculadas a la ocupación y posterior vaciamiento de la casa. La situación de Salomón se configuró de manera distinta: mantenía una relación tensa con Picciuto, abandonó la provincia el día en que ella desapareció y, además, poseía conocimientos de albañilería y antecedentes de trabajos en cisternas. Esos indicios lo convirtieron en el principal sospechoso.
Tras un juicio en mayo de 2025, dos de los tres jueces lo condenaron a 15 años de prisión. Sin embargo, la defensa oficial recurrió la sentencia y logró que el tribunal de impugnación revisara de manera integral el caso. La Cámara detectó que la acusación no había probado el lugar del homicidio ni la autoría del acusado; que no se encontró el arma homicida; y que ningún rastro genético vinculado al crimen correspondía a Salomón.
Los magistrados también señalaron que la fiscalía no profundizó otras hipótesis, como los conflictos por la ocupación ilegal de la vivienda o el posible móvil económico vinculado a su venta irregular. Tampoco se investigó debidamente la línea de los inquilinos, quienes permanecieron en la casa tras la desaparición de Picciuto. En particular, Socci quedó bajo un manto de sospecha: tenía dominio del inmueble, alimentaba a la mascota de la víctima, manejaba las llaves y fue visto con una maza —herramienta compatible con el crimen— que nunca apareció. Además, fue él quien vinculó por primera vez a Salomón con una discusión que no pudo acreditar.
El tribunal también advirtió inconsistencias no investigadas en torno a Liberman y Di Cianni, quienes tenían en su poder pertenencias de la víctima, como su DNI y una tarjeta de débito. Llamó la atención que la fiscalía y la defensa no indagaran a fondo estos elementos.
En cuanto a la teoría de que el homicidio estaría relacionado con la venta fraudulenta del inmueble, los jueces consideraron que si bien existió un accionar presuntamente delictivo entre Fumero, los hermanos Marín de la Fuente y Walter Marchese, ese móvil se orientaba a apoderarse de la casa, no a cometer el crimen. Aun así, ordenaron que se investiguen esas maniobras inmobiliarias.
Con la absolución, Salomón recuperó su libertad tras más de dos años de prisión y, según su entorno, se trasladó a Buenos Aires para intentar rehacer su vida. La absolución deja un sabor amargo: los demás implicados fueron sobreseídos y no podrán ser juzgados por el mismo hecho salvo la aparición de nuevas pruebas, un escenario que los jueces consideran poco probable debido al tiempo transcurrido y al deterioro del material probatorio.
El fallo dejó al descubierto una investigación fragmentada y sin la profundidad necesaria para resolver un femicidio ocurrido en pleno centro tucumano. Los jueces fueron claros: no se pudo probar que Salomón fuera el autor. Pero también dejaron otra certeza: la verdad sobre la muerte de Picciuto quedó atrapada entre inconsistencias, omisiones y líneas investigativas que, hoy por hoy, parecen haber llegado a un callejón sin salida.