Sábado 03 de Enero de 2026, 11:31
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó este sábado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, serán juzgados en Nueva York, donde pesan sobre ambos acusaciones formales por delitos federales de extrema gravedad, que conllevarían prisión perpetua. Según explicó la funcionaria, la causa tramita en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York e incluye cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento con fines hostiles contra Estados Unidos.
De acuerdo con la fiscal general, las imputaciones forman parte de una investigación de larga data del Departamento de Justicia que apunta a la presunta utilización de estructuras estatales venezolanas para facilitar operaciones de narcotráfico internacional y actividades consideradas terroristas por la legislación estadounidense. Bondi sostuvo que el caso está en condiciones de avanzar en los tribunales federales y que la fiscalía cuenta con elementos probatorios suficientes para llevar a juicio a Maduro y Flores una vez que queden bajo jurisdicción judicial en Nueva York.
El anuncio se inscribe en un contexto de máxima tensión política y diplomática entre Washington y Caracas. Desde hace años, la justicia estadounidense viene señalando a altos funcionarios del chavismo por supuestos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, en particular con rutas de cocaína que parten del norte de Sudamérica hacia Centroamérica y Estados Unidos. En ese marco, el gobierno norteamericano ya había formulado acusaciones previas contra dirigentes venezolanos y ofrecido recompensas millonarias por información que permitiera su captura, aunque hasta ahora nunca se había avanzado públicamente hacia la confirmación de un juicio directo contra el propio jefe de Estado venezolano y su esposa.
El trasfondo de la causa remite también a antecedentes que marcaron la relación bilateral, como la condena en Estados Unidos de familiares directos de Cilia Flores por delitos vinculados al narcotráfico, hechos que en su momento fueron utilizados por Washington como prueba de la penetración del crimen organizado en las más altas esferas del poder venezolano. Para la fiscalía estadounidense, el expediente actual amplía y profundiza esas líneas de investigación y coloca por primera vez a la cúpula del gobierno venezolano frente a un escenario judicial concreto en territorio norteamericano.
Mientras tanto, desde el oficialismo venezolano no hubo confirmación ni reconocimiento formal de las acusaciones, que históricamente han sido calificadas como parte de una persecución política y judicial impulsada por Estados Unidos. A nivel internacional, el anuncio reaviva el debate sobre los alcances de la jurisdicción penal estadounidense, el principio de soberanía de los Estados y las consecuencias políticas que podría tener un eventual juicio en Nueva York contra un presidente en ejercicio y su esposa.
De concretarse el proceso judicial, Maduro y Flores enfrentarían uno de los casos más sensibles y de mayor impacto geopolítico de las últimas décadas, con implicancias que exceden el plano penal y podrían redefinir el vínculo entre Venezuela, Estados Unidos y buena parte de la región.
