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Grave denucia entre empresas de ómnibus bonaerenses: exponen una estafa de $ 30 mil millones
Domingo 18 de Enero de 2026, 17:04
Una dura puja de poder sacude al sistema de transporte urbano de pasajeros de la provincia de Buenos Aires y amenaza con derivar en un escándalo político y judicial de alto impacto. Empresas del sector denunciaron presuntas irregularidades en el cobro de compensaciones estatales que apuntan directamente contra La Nueva Metropol, en un conflicto que vuelve a poner en el centro de la escena el manejo de los subsidios al transporte, una de las partidas más voluminosas y menos auditadas del presupuesto nacional.
La acusación, impulsada por cuatro cámaras empresarias, sostiene que se habría producido un desvío sistemático de fondos públicos mediante una alteración deliberada en la validación de boletos: pasajeros que realizaban recorridos cortos habrían sido registrados como usuarios de tramos más largos, lo que incrementa de manera sustancial el monto de la compensación que paga el Estado. Según los denunciantes, el perjuicio global rondaría los $ 30.000 millones, con un impacto mensual estimado entre $2.000 y $3.000 millones.
El trasfondo de la disputa expone a los grandes actores de la industria: de un lado, la histórica Mercedes-Benz, con fuerte presencia a través del Grupo Empresario Prieto y su concesionaria Colcar; del otro, el poderoso Grupo DOTA, propietario de la licencia de Agrale y dueño de cerca del 50% del parque urbano metropolitano. La eventual irrupción de un proveedor asiático reconfiguraría un negocio millonario que involucra no solo la compra de unidades, sino repuestos y, sobre todo, el reparto de subsidios.
El mecanismo denunciado se habría intensificado tras la entrada en vigencia de la resolución 45/24 de la Secretaría de Transporte, publicada en noviembre de 2024, que modificó el criterio de cálculo de las compensaciones. La norma desplazó el foco desde la oferta —kilómetros recorridos o combustible consumido— hacia la demanda real, medida a través de los datos de la tarjeta SUBE y el índice de pasajeros por kilómetro (IPK). El objetivo oficial fue mejorar la eficiencia del sistema y reducir distorsiones históricas.
Sin embargo, las cámaras sostienen que ese cambio abrió la puerta a una maniobra rentable: registrar boletos largos en viajes cortos. El ejemplo es contundente. En un trayecto breve de $ 600, el Estado aporta $ 300; en uno largo, de $ 1.800, la compensación pública supera los $ 1.100. Así, validar viajes más extensos sin que exista un cambio real en los recorridos duplicaría, en los hechos, el dinero a cobrar.
Los datos de SUBE exhiben patrones llamativos. En la línea 195, operada por La Nueva Metropol, las secciones cortas cayeron 18,72% entre octubre de 2024 y el mismo mes del año siguiente, mientras que la sección siguiente creció 18,73%. Comportamientos casi idénticos se detectaron en las líneas 448, 176 y 365, así como en otras explotadas por Sargento Cabral, empresa del mismo grupo. Para los denunciantes, no se trata de una casualidad estadística.
El 26 de diciembre, la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros presentaron una denuncia conjunta. Ante la falta de avances en la órbita administrativa —y el silencio posterior de la Secretaría de Transporte, conducida por Luis Pierrini—, ahora evalúan llevar el caso directamente a la Justicia penal.
Desde La Nueva Metropol, en cambio, argumentan que los cambios reflejan la corrección de la llamada “evasión gris”: pasajeros que antes pagaban boletos cortos pese a recorrer largas distancias. “Antes nadie miraba cuánto abonaba el usuario porque el subsidio no dependía de eso. Ahora sí, y eso ordenó el sistema”, sostienen.
Más allá de las explicaciones cruzadas, el conflicto desnuda una verdad incómoda: desde 2002, el esquema de compensaciones al transporte mueve miles de millones de pesos todos los meses sin controles exhaustivos. Con China como nuevo actor, fabricantes enfrentados y cámaras dispuestas a judicializar la disputa, el sistema de subsidios vuelve a quedar bajo sospecha. La pregunta que sobrevuela el escenario político es si el Estado no pudo controlar o, simplemente, no quiso hacerlo.