El episodio fue analizado en el programa Lape Club Social (América TV), donde Mauro Szeta y los panelistas coincidieron en calificar el hecho como acoso y remarcaron la gravedad de la situación. La abogada uruguaya Paula Domínguez Miller explicó que, de acuerdo con la legislación vigente en Uruguay, lo ocurrido encuadra como violencia sexual, un delito que va más allá del acoso y que exige respuestas concretas tanto de la Justicia como de los organizadores de este tipo de eventos.
Por su parte, el periodista Gustavo Descalzi agregó que, tras lo sucedido, Jelinek habló con la organización para suspender su participación en el desfile. Sin embargo, finalmente decidió continuar por una cuestión de profesionalismo, ocultando el mal momento y manteniendo la compostura durante el resto del evento.
Los panelistas también hicieron hincapié en la naturalización de estas conductas y en la ausencia de protocolos claros para proteger a las mujeres en eventos sociales y del espectáculo, donde la cercanía con el público no puede ni debe justificar acciones invasivas o violentas. La viralización del video y su repercusión mediática volvieron a poner en agenda la necesidad de garantizar respeto, cuidado y entornos seguros para las mujeres, más allá de su nivel de exposición o popularidad.
El caso de Karina Jelinek dejó al descubierto la vulnerabilidad que aún enfrentan muchas mujeres en espacios laborales y públicos, y la importancia de denunciar y visibilizar situaciones de abuso para exigir medidas de prevención y acompañamiento efectivas. Su reacción inmediata y su profesionalismo contrastaron con la falta de intervención del entorno, reforzando la urgencia de construir ámbitos libres de violencia y de complicidad silenciosa.