Fiestas con “platos de cocaína”: la defensa de El Militar pide que no lo dejen aislado en la cárcel

Viernes 30 de Enero de 2026, 08:19

Felipe “El Militar” Sosa, detenido en la cárcel de Benjamín Paz por el crimen de Érika Antonella Álvarez, le rogó al juez que le permitiera “tener contacto con otros internos, ya que estoy solo y no puedo hablar con nadie”, y volvió a quedar en el centro de la escena judicial durante una audiencia atravesada por cuestionamientos sobre su salud mental. En ese marco, el debate se centró en sus presuntas adicciones y en el impacto del encierro, ya que se encuentra con un presunto síndrome de abstinencia.
“Estoy viviendo un momento difícil. Cuando uno consume, piensa que todo está bajo control, pero ahora me doy cuenta de que no es así”, confesó. Luego, solicitó al magistrado: “Aprovecho la situación, señor juez, para pedirle que me permitan tener contacto con otros internos, ya que estoy solo y no puedo hablar con nadie”, argumentó el detenido.
La defensa técnica, integrada por Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, sostuvo que el imputado atraviesa un síndrome de abstinencia que requiere atención inmediata. Según explicaron, el penal de Benjamín Paz no cuenta con los recursos necesarios para brindar la contención adecuada. Por ese motivo, reclamaron un abordaje terapéutico urgente para evitar un agravamiento del cuadro y remarcaron la necesidad de una evaluación profesional independiente.
Cosiansi también cuestionó la estrategia legal anterior y rechazó la idea de que su cliente fuera solo un consumidor ocasional. Aseguró que la magnitud del consumo habría sido mayor y mencionó antecedentes difundidos públicamente. “Eso no es así. Incluso, en varios medios de comunicación se difundió que en las fiestas a las que asistía había platos con cocaína”, afirmó para reforzar su postura y justificar la necesidad de un diagnóstico más profundo.
El pedido central fue el traslado de Sosa a un hospital público para la realización de una pericia psiquiátrica imparcial. “No se pueden desatender los problemas de salud de una persona procesada. Vamos a aceptar lo que determine quien lo evalúe, pero pedimos que no sea alguien perteneciente al Ministerio Público. Creemos que lo más conveniente es que sea trasladado y diagnosticado en un hospital público”, sostuvo la defensa durante la audiencia.
La auxiliar fiscal Luz Becerra rechazó la solicitud apoyándose en estudios previos realizados antes del alojamiento. “Antes de que fuera alojado, un perito lo examinó y fue contundente en su diagnóstico: determinó que no estaba intoxicado ni presentaba síntomas de abstinencia. No nos oponemos a que reciba atención médica, pero sí a que abandone el penal”, aclaró.
El querellante Carlos Garmendia respaldó esa postura y agregó: “Por experiencia propia, puedo decir que es mucho más conveniente que al informe lo realice alguien que se traslade hasta el penal”.
Más allá del debate sanitario, la defensa denunció malos tratos durante los traslados y dificultades para mantener entrevistas confidenciales. “En la primera audiencia advertimos que durante su traslado fue maltratado y que lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán. Sigue padeciendo malos tratos, presión psicológica y violaciones a sus derechos”, afirmó Cosiansi. Flores añadió: “Cada vez que lo hacemos, nos asignan una sala separada por un vidrio, está acompañado por personal penitenciario y permanece con las manos y las piernas esposadas”.

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