Impresion de prueba

Infancias robadas: las trabas que permiten la impunidad de abusadores

Martes, 11 de Junio de 2019 10:31





Para Carla Severo "la bomba" estalló en 2016. "Me enteré que mi hermanita había sido abusada cuando tenía entre 11 y 12 años por el progenitor de mi hijo mayor, cuando ella vivía con nosotros", recuerda. "Cuando lo supe -agrega-, ya estaba separada de él. Jamás se me hubiera ocurrido que fuera capaz de algo así".

A partir de ese momento, empezó para ella y su familia un largo recorrido por los tribunales. El 22 de noviembre, el hombre fue condenado en un juicio abreviado a tres años de condena en suspenso por abuso sexual agravado. Pero la lucha de Carla no terminó ahí. Hoy, pide que cumpla con el resto de su pena en prisión y que se le suspenda la responsabilidad parental de su hijo.


"A nivel judicial hay un gran desamparo. Él está libre, se maneja como cualquier ciudadano, hasta hace poco tiempo manejaba un colectivo y pide la vinculación con mi hijo porque plantea que yo inventé todo", cuenta Carla, que tiene 29 años y le lleva once a su hermana.

Un camino tortuoso y laberíntico, donde los testimonios son puestos en duda una y otra vez, que revictimiza y que en poquísimos casos termina con la condena del agresor: así describen quienes fueron víctimas de abuso sexual durante la infancia y sus adultos protectores, como Carla, lo que implica el paso por la Justicia.

Aunque en el último tiempo las denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron en aumento, se calcula que de cada 1000 casos, solo 100 se denuncian y apenas uno se condena. Los referentes en la temática coinciden en que romper con la cultura del silencio fue un paso fundamental, pero que aún queda un largo trecho para derribar los obstáculos que, en la Justicia, contribuyen a la impunidad y atentan contra la protección de las víctimas.

"La sociedad está hablando más de la temática y aumentaron las denuncias públicas, pero no vemos que eso tenga un impacto en el Poder Judicial. Continúa, por ejemplo, el horror de niños, niñas y adolescentes que son obligados a revincularse con sus progenitores que tienen una denuncia penal en curso por abuso sexual. Esto debería ser un escándalo, pero sigue pasando", sostiene Silvia Piceda, cofundadora de Adultxs por los derechos de la infancia, y remata: "La mirada de la Justicia es, sobre todo, adultocéntrica".

Carla lo vivió en carne propia. Cuenta que las psicólogas del juzgado le decían que no debía pedir la desvinculación del padre con su hijo, porque el chico no había manifestado ser víctima de abuso. "Pero es la misma persona que le robó la infancia a mi hermana y que está condenado por abuso sexual. Como si alguien en su sano juicio quisiera criar a su hijo con alguien así", se indigna.

Las cifras hablan por sí solas. La OMS estima que una de cada cinco chicas y uno de cada trece varones son abusados sexualmente antes de los 18 años. En la Argentina, hay potencialmente 2.000.000 de víctimas.

"Tenemos un problema masivo en la infancia y claramente el diseño del sistema judicial actual no permite abordar estos casos de manera eficiente ni ofrecer una respuesta oportuna, adecuada y coordinada", subraya Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia. "El camino de la Justicia es brutal: una picadora de carne. Es un proceso de revictimización constante, que no tiene en cuenta el interés superior del niño, que no lo protege ni lo escucha y que en nueve de 10 casos deja impune a su agresor", profundiza.

Un tarde, mientras preparaba la merienda, Mirna Fernández (32) supo que un año antes su expareja había abusado sexualmente de dos de sus hijas y padre de una de ellas, cuando tenían cuatro y un año. El primero que pudo poner en palabras el horror fue su hijo mayor, que en ese entonces tenía siete y había presenciado los abusos. "Fue muy fuerte ver a mi nena, que en ese momento tenía cinco años, gesticulando lo que esta persona le hacía. Mi hijo me decía que sabía que eso estaba mal, que se enojaba con mi entonces pareja, pero que él lo encerraba en el baño violentamente", cuenta Mirna con la voz quebrada. "Los más grandes me contaron también como el pedófilo abusaba de mi beba, que era también su propia hija".

Mirna corrió a hacer la denuncia. "Él está procesado por dos cargos de abuso sexual infantil agravado por ser el progenitor en el caso de la más chiquita y el encargado de guarda en el caso de mi hija. Actualmente, está en libertad y esperamos el juicio", dice Mirna. Mientras, vive asustada, por ella y por sus hijos: "No quiero ni salir a la plaza con los chicos por miedo de encontrármelo. Tuve restricción de acercamiento, pero él la infringió. Nosotros queremos seguir con nuestra vida", sostiene Mirna. "Te juzgan, no te creen y cuando vas a la Justicia no te escucha ni protege", agrega la mujer, que integra un colectivo ( @ColectivoMural) de madres autoconvocadas que buscan visibilizar esta situación.

Luego de una ardua lucha, Carla consiguió en mayo que le otorgaran una cautelar que le impide al progenitor de su hijo, provisoriamente y por un plazo de 90 días con la posibilidad de ser prorrogado, la comunicación con el chico. "Hoy sé más de leyes que de mi propia profesión. Es muy duro ser una mamá que lucha contra el abuso en este país", concluye Carla, quien actualmente acompaña a otras madres y adultos protectores en su recorrido en búsqueda de Justicia.

1 Patrocinio jurídico gratuito limitado

Según los especialistas, hay una marcada asimetría entre los recursos que el Estado asigna al acusado y a la víctima. "El imputado tiene derecho a que se le asigne un abogado, un perito y un psicólogo. En cambio, en el caso de las víctimas el acceso al patrocinio jurídico gratuito es limitado, tanto por los requisitos para acceder como por la disponibilidad de profesionales", dice Wachter.

Sus costos convierten a la defensa privada en un lujo que pocas víctimas pueden darse. "El Estado debería brindarles representación para que accedan a la Justicia como querellantes, interviniendo en la causa de manera activa en la defensa de sus intereses particulares", agrega la fundadora de Red por la Infancia.

Gabriel Vitale, titular del Juzgado de Garantías N°8 de Lomas de Zamora, el departamento judicial más grande del país, detalla: "Un 60% de las denuncias de abuso sexual se archivan. Del resto, más de la mitad tiene abogado particular: evidentemente, hay una preminencia de causas que continúan por tener abogado". Y cuenta: "Hace cinco años inauguramos con un fallo la figura del abogado del niño en la provincia de Buenos Aires y luego la legislatura sancionó la ley que la contempla, pero, en la práctica, no siempre se puede acceder a la misma".

Otras iniciativas están trabajando en este sentido. María Fernanda Rodríguez, secretaria de Justicia de la Nación, explica que la ley 27210 que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, sancionada en 2015, contempla que todos los casos de abuso sexual cometidos en el entorno intrafamiliar tengan acceso a un patrocino jurídico gratuito. "Estamos en pleno proceso de implementación. Para el año que viene el objetivo es que haya dos abogados por provincia", sostiene.

2 Poca articulación entre los fueros

Como el 80% de los casos de abusos sexual infantil son intrafamiliares, tras la denuncia se abren dos procesos, uno penal y otro civil. Los referentes destacan que tienen lógicas y tiempos diferentes, y no siempre son coherentes entre sí. Por ejemplo, inicialmente se otorga al abusador una restricción de acercamiento renovable por 30, 60 o 90 días, pero el juicio penal puede durar años.

Vitale asegura que muchas veces la justicia civil desconoce lo que ocurre en la penal y viceversa. "Hemos visto ocasiones en que los juzgados penales dicen todo lo contrario que los de familia, se ponen a discutir quién tiene razón y lo que menos importa es la víctima, el imputado o los que quedan en el medio", relata. "Nos cuesta mucho la transversalidad, es decir, trabajar con otros integrantes de la Justicia y el sector público. Eso es fundamental".

Rodríguez considera que es necesario implementar otro modelo procesal que trabaje en la integralidad y de manera unificada. "Hoy está muy lejos de ser una realidad porque la resistencia al cambio de los modelos de las organizaciones judiciales para dar respuesta a estos casos es enorme", cuenta.

Desde la Secretaría de Justicia se trabajó durante un año para impulsar junto a Red por la Infancia un proyecto de ley que busca establecer un nuevo paradigma organizacional con una competencia unificada de lo civil y lo penal. Para evitar la fragmentación y acortar los plazos del proceso, genera no más juzgados unipersonales sino un gran colegio de juezas y jueces, donde habrá oficinas comunes para tramitar los procesos en casos de violencia doméstica, sexual, infantil e institucional. "Perspectiva de género, acceso a la Justicia y debido proceso, oralización y amplitud probatoria, son algunos de los principios de la ley", señala Rodríguez.

3 No se cree en la palabra de los chicos

Para Eva Giberti, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, no creerle a los chicos es la principal traba que tiene hoy la Justicia, "sólidamente atravesada por el patriarcado". "Como los abusadores son en casi el 90% de los casos varones -asegura-, a los jueces les cuesta mucho condenarlos. Esa es una de las grandes dificultades por las cuales se suele sobreseer a los sujetos responsables de estos delitos o decir que los chicos fantasean, lo cual es absolutamente falso porque en estas situaciones no mienten".

El resto de los referentes coinciden en la persistencia de estereotipos de género. No solo se tiende a desconfiar a priori del testimonio de las víctimas, sino también de sus adultos protectores, que suelen ser las madres, acusándolas de haberles "llenado la cabeza" a sus hijos o hijas en contra de sus padres. "El uso del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue rechazado por ambas cámaras del Congreso Nación en 2014 y por los colegios de psicólogos. Sin embargo, en la práctica persisten concepciones abiertamente misóginas sin perspectiva de infancia", señala Wachter.

Malena Derdoy, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) del Ministerio Público Fiscal, se pregunta: "¿Por qué cuando viene una persona a denunciar que le robaron no la mandamos a peritar, a ver si está mintiendo o no? En estos delitos se parte de la mentira, en vez de partir de la credibilidad. En los 1700 casos que acompañamos no hay uno solo que haya tenido una contradenuncia de falso testimonio".

Las falsas denuncian no llegan al 5% según estudios del Cuerpo Médico Forense y se detectan en la primera evaluación donde los profesionales analizan el relato del niño.

4 La repetición del testimonio

Es fundamental que los chicos víctimas de abuso sexual puedan contar una sola vez lo que vivieron, para evitar su revictimización. Si bien en sede penal se estableció como norma la Cámara Gesell, existen dificultades para acceder a la misma en tiempo y forma. Además, en sede civil no se utiliza el mismo criterio y los niños suelen ser citados múltiples veces a declarar.

Vitale determinó que, en su juzgado, 15 días antes de realizar una Cámara Gesell se convoque a todos los que están trabajando con el chico o investigando el delito. "Eso es lo que llamamos corresponsabilidad Estatal", relata el juez.

La falta de medidas de pruebas adicionales, es otra problemática. "Con frecuencia, la escucha del chico está burocratizada, la Cámara Gesell se realiza como mero acto procesal y cuando el niño no puede poner en palabras frente a un extraño y en esos pocos minutos el abuso que sufrió, se infiere que no ocurrió, no se toman más medidas de prueba y se dispone el archivo de la causa", dice Wachter. El 82% de los casos de menores de 5 años que tiene la Dovic, terminaron en sobreseimiento prematuro por ese motivo.

Virginia Berlinerblau, especialista en psiquiatría infantojuvenil y médica forense de la Justicia Nacional, señala que los jueces tienen una formación que parte, por lo general, de la evidencia física y los testigos, que es lo que habitualmente no hay en estos casos: "Si bien la Corte Suprema se expidió sobre la valoración de los dichos de los niños para tomarlos como válidos, lo que parece que funcionara a veces, aunque no explicitado, es ’lo que no se ve, no existe’. Y en el caso de abuso sexual justamente es todo lo contrario. Bajo esa lógica, cada caso es una batalla de discursos donde en general prevalece el del más fuerte, que no es precisamente el de la víctima".

5 Falta de capacitación de los operadores judiciales

Lograr mayor capacitación de los operadores judiciales que tratan con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, es una de las deudas fundamentales. "Realizar entrevistas investigativas forenses con niños en la Cámara Gesell es una destreza especializada y se necesita un entrenamiento muy delicado", cuenta Berlinerblau. "También tienen que capacitarse los jueces y los operadores judiciales que van a ver la entrevista, y deberían estar al tanto de que hay protocolos".

Para Berlinerblau, es muy importante que haya una formación con perspectiva en infancia en los estudios de pregrado de los médicos, psicólogos y abogados, por ejemplo. "Para que puedan entender qué está pasando con esos niños y niñas y que no se caigan las investigaciones por la persistencia de los mitos de que son influenciados, de que son ventrílocuos maternos o de que inventan con facilidad. Eso no se sostiene por la literatura pero sí en el imaginario de la sociedad", señala.

Sebastián Cuattromo, de Adultxs por los derechos de la infancia, opina que sería un gran aporte la sanción de una norma similar a la Ley Micaela (sobre formación en temáticas de género para los integrantes del Estado), pero referida específicamente al abuso sexual contra la infancia. "Es hora de encarar un trabajo sistemático y obligatorio de concientización y capacitaciones", dice.

Por otro lado, Cuattromo señala que hay un gran desconocimiento de la ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas (sancionada en 2015), que establece la suspensión de la prescripción mientras la víctima sea menor y aún habiendo cumplido la mayoría de edad, hasta cuando pueda hacer la denuncia por sí misma. Sin embargo, la Justicia sigue alegando prescripción en la mayoría de las causas.

6 Las revinculaciones forzadas

"Los intentos de revinculación con el agresor constituyen una verdadera maldición para la vida de los chicos", asegura Giberti. "Hemos visto escenas terribles en que el niño o la niña se niega por todos los medios a revincularse y la Justicia insiste porque no puede fallar la figura paterna. Pero hay que tener en claro que un padre que abusa no es un padre".

En esa línea, Wachter sostiene que mientras la justicia penal investiga con el fin de sancionar al agresor, los juzgados civiles suelen minimizar o negar el delito hasta que no haya sentencia firme. "Excusándose en la falta de debida diligencia del proceso penal y en la creencia de que el vínculo es un atenuante y no un agravante y que la función de la justicia civil es reestablecer lo que ellos llaman la ’armonía familiar’, los obligan a establecer un vínculo con su presunto agresor imponiendo terapias de revinculación forzada o terapias del olvido y el perdón, aun con el proceso penal abierto", describe.

Piceda explica que es importante usar el término "progenitor" en lugar de padre, porque "ser madre o padre es una función que implica la protección hacia los niños, niñas y adolescentes que tienen a su cargo".

"Al progenitor se le reconoce un lazo sanguíneo pero no un lazo de familiaridad real basado en el cuidado", agrega Piceda.

En 2017 se modificó el artículo 702 del Código Civil y se estableció la privación automática de la responsabilidad parental a los condenados por el abuso sexual de sus hijos. Además, se determinó que con el procesamiento se debe suspender la responsabilidad parental, con el objetivo de proteger a los niños víctimas de todo contacto con su posible agresor mientras dure el proceso penal. Sin embargo, en la práctica esto no siempre ocurre.

7 Procesos largos y condenas cortas

Según una investigación de Red por la Infancia que recibió el primer premio de la Ford Foundation, hoy en la Argentina se necesitan en promedio casi siete años para que haya sentencia firme en los casos de abuso sexual, el doble de la media para cualquier otro tipo de delito penal.

Por otro lado, de 100 denuncias realizadas, 4% se elevaron a juicio oral y solo el 1% se condenaron.

"No solo los niños y niñas quedan atrapados en un proceso que no respeta sus derechos y que les causa mayor sufrimiento, sino que una vez que llega la condena, para nuestro Código Penal el abuso sexual simple de un menor de 13 años implica la misma pena que librar un cheque sin fondos: de seis meses a cuatro años",
detalla Wachter.

Por otro lado, un informe del Ministerio Público Fiscal señala que solo se impusieron reglas adicionales en la mitad de las condenas. "De esas reglas, solo en el 23% se contempla la prohibición de contacto y acercamiento a la víctima sabiendo que es el delito con mayor tasa de reincidencia. La víctima sigue en riesgo más allá de que haya logrado condenar a su agresor", agrega la fundadora de Red por la Infancia.

Mirna vive a diario con miedo: "El abusador de mis hijos para de acosarnos unos meses y después vuelve a empezar. Tuve una restricción de acercamiento, él la infringió, presenté las pruebas y eso fue rechazado por la Justicia. Las restricciones son por un límite de tiempo y se vencen aún con el proceso penal en marcha".

Wachter advierte que cuando el agresor es sobreseído, "en la mayoría de los casos le hacen una denuncia a la mujer que recurrió a la Justicia por falsa denuncia y por impedimento de contacto con el chico o chica durante todos esos años, y a la madre la pueden condenar en siete meses por esos dos delitos".

8 Falta un abordaje integral

La falta de políticas de prevención primaria del abuso y de estadísticas oficiales a nivel nacional; la necesidad de generar más campañas de difusión que alerten sobre los indicadores y señales; así como una implementación adecuada de la ley de Educación Sexual Integral, son para los referentes consultados algunos de los desafíos más urgentes.

Según el programa de investigación "Fuera de las sombras: arrojando luz sobre la respuesta al abuso y la explotación sexual infantil", elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, que evaluó la capacidad de respuesta de 40 países frente al delito de abuso y la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, la Argentina se ubica en el puesto número 35 del ranking. Quedó en la peor posición entre los Estados americanos analizados y por debajo de varios africanos. Entre los primeros lugares, se encuentran Reino Unido y Suecia.

Los puntajes van del 0 al 100 (la Argentina obtuvo 45,4) y tienen en cuenta cuatro variables, que van desde la respuesta que reciben las víctimas de parte de los sistemas de protección; hasta si se está desplegando la capacidad del gobierno para invertir recursos.

Irene Intebi, directora del Centro Regional de Recursos para América latina de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato, Abuso y Negligencia contra los Niños y las Niñas, aporta: "Hay una falta de políticas en relación a la violencia y a la infancia. Sin políticas, cada cual hace lo que puede desde donde puede".

Para ella, se necesita una sistematización de cuáles son las maneras de intervenir más eficaces en casos de violencia. "Hay un campo que no se tiene en cuenta en nuestro país, que es el contemplar el fenómeno de la violencia en general, no solo el abuso sexual, como un problema de salud pública", asegura.

Los llamados a la línea nacional 0800- 222-1717

2017: Hubo 1.845 llamados, con 2.037 víctimas registradas de abuso sexual, según el programa Las Víctimas contra las Violencias
2018: Los llamados fueron 3.776 y las víctimas 4.202. La forma más frecuente de victimización sexual es el tocamiento
2019: Se recibieron 1.204 llamados en el primer trimestre, que implicaron a 1.625 víctimas. 7 de cada 10 son niñas y el 50% tiene menos de 11 años

Dónde pedir ayuda e informarse sobre esta problemática

Asistencia a las víctimas

Para asistencia y derivación: 0800-222-1717 o 137 desde CABA. Para denunciar: dirigirse a comisarías, fiscalías penales o unidades fiscales específicas para delitos contra la integridad sexual, juzgados penales y de familia, asesorías o a la Defensoría de Menores. Más información: www.lanacion.com.ar/abuso

Sumá tu firma en contra de la prescripción

Por la ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas los delitos de abuso sexual en la infancia no prescriben. Sin embargo, si la víctima era mayor de edad cuando fue abusada, no cuenta con el mismo beneficio. Por eso, Thelma Fardin y Red por la Infancia lanzaron una petición en Change.org: "Que los delitos de abuso sexual no prescriban".





Fuente: https://www.lanacion.com.ar/comunidad/infancias-robadas-las-trabas-permiten-impunidad-casos-nid2255848